Cuando se piensa en legítima defensa se asocia inmediatamente una situación de un varón defendiendo la propiedad privada, sea su casa, comercio o auto. Estos sucesos ocupan muchas horas en las noticias judiciales, dándose debates mediáticos sobre si es un accionar justificado o no. Incluso, en algunos casos, esas personas fueron reconocidas por funcionarios públicos como héroes nacionales.
En cambio, cuando se trata de mujeres o diversidades, los casos apenas toman estado público y, si llegan a ser noticia, subyace un tono recriminatorio. Esto puede explicarse porque el lugar que se ha asignado históricamente a las mujeres que sufren violencia de género ha sido el de víctimas sumisas, calladas y en una posición de pasividad.
Este preconcepto tiene como consecuencia que, por la defensa ante una agresión física o sexual que atente contra la vida de una mujer o la de sus hijas o hijos, las lecturas de los operadores jurídicos tienden a enmarcar la respuesta institucional en la persecución penal. Es decir, si la conducta no se amolda a la expectativa del rol de la “buena víctima”, las decisiones judiciales concluyen en condenas. Al igual que gran parte de la sociedad, el poder judicial espera que las mujeres, lesbianas, trans y travestis aguantemos las violencias ejercidas sobre nuestros cuerpos porque ese es el rol subalterno que el patriarcado nos ha endilgado.
Es paradójico que a las personas en situación de vulnerabilidad por discriminación o violencia de género, que probablemente han acudido en búsqueda de ayuda a mecanismos estatatales que han fallado o, peor aún, a los que Prólogo 7 nunca pudieron acceder por las mismas deficiencias del sistema, luego se las escenifique como las victimarias de una historia mal contada.
Por eso es importante la difusión de herramientas que brinden orientación a las y los profesionales del derecho en pos de defender las garantías del debido proceso y evitar la toma de decisiones sesgadas por estereotipos de género.
Desde el Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires estamos comprometidas con revisar el funcionamiento institucional que muchas veces puede replicar prácticas de opresión y sesgos revictimizantes, porque creemos firmemente que es a través del fortalecimiento y la presencia activa de esas mismas instituciones donde radica la posibilidad de construir una comunidad libre de violencias.