En la sede de la Comisión Provincial por la Memoria y con la presencia de las instituciones y organizaciones que participaron del proceso se firmó el acta de conformación del "Consejo del Sitio para la Memoria, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - Ex Centro Clandestino de Detención Pozo de Quilmes".
Tal organismo queda constituido de acuerdo a lo dispuesto por la ley 14.895, promulgada a principio de febrero, y al acta constitutiva firmada por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM), la Secretaria de Derechos Humanos bonaerense, la Municipalidad de Quilmes y la Asociación Civil "Colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia".
El ex Pozo de Quilmes funcionó desde mediados de 1975 y hasta comienzos de 1979: por allí pasaron más de 250 personas en situación de cautiverio y tortura, y se comprobó que hubo además varios partos de mujeres detenidas de forma ilegal.
Testimonios
Desde la CPM, elegida por el Colectivo para desafectar y transferir el inmueble -donde hoy aún funciona una dependencia de la Policía bonaerense- y también para coordinar la gestión del Sitio, se subrayó que se trata de una "experiencia inédita, con gran pluralidad y avalada por una norma legislativa".
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Santiago Canton, señaló: "Creo que hay un diálogo permanente en todos los temas y búsqueda de consenso constante, y sobre todo escuchar cuál es la opinión de los organismos y militantes por los derechos humanos de la Provincia, para tomar las decisiones en base a los intereses de esos actores y eso es lo que me he comprometido a hacer".
Además, tras esta primera reunión del Consejo, se decidió que la próxima actividad esté vinculada a la conmemoración del 24 de marzo y a una fuerte campaña de difusión del espacio que logre crear instancias de participación de la comunidad.
Sitio para la memoria
A fines de 2016, la Legislatura había votado por unanimidad que el edificio donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Quilmes se traspasara a la Comisión Provincial por la Memoria. Este proyecto declaraba “Bien de Interés Histórico Cultural” al espacio donde actuó la Brigada de Investigaciones local durante la última dictadura cívico-militar.
El propósito, como sucede con los otros ex centros ilegales, es transformarlos en un lugar para la memoria. Así lo establece la ley 14.895, que fue ratificado por la gobernadora, María Eugenia Vidal, a través del decreto 50, publicado a fines de enero en el Boletín Oficial bonaerense: "Se transfiere a título gratuito a la CPM la explotación uso y goce por 99 años del edificio ubicado en Garibaldi N° 650 esquina Allison Bell de la ciudad de Quilmes", se indica en el decreto. Allí, funciona hoy la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), que tras la cesión se transformará en un "sitio para la Memoria, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos".
La CPM será la encargada de arbitrar el proceso, en un comodato determinado en 99 años. Y tendrá como objetivo, según marca la ley, de "fomentar el estudio, la investigación y la difusión de los hechos vinculados al autoritarismo durante todos los golpes militares, y en particular, con el Terrorismo de Estado durante la dictadura cívico militar instaurada a partir del 24 de marzo de 1976".
Además, el de "conformar un archivo y centro de documentación especializado en memoria y derechos humanos y apoyar el desarrollo de los denominados juicios por crímenes de lesa humanidad en curso o que se abran en el futuro para la búsqueda de la Verdad y la Justicia”, entre otras actividades.
Los recursos para atender los gastos que este Sitio de la Memoria demande provendrán de partidas presupuestarias que la Ley asigne específicamente, se indica en el artículo 12. En la gestión, acompañarán a la CPM en esta gestión el Colectivo Verdad Justicia y Memoria de Quilmes -gestor de la idea-, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el municipio de Quilmes.