La Subsecretaría de Derechos Humanos realizó la 6ta Jornada de “Defensores y Defensoras de DDHH”.
En el Día Nacional contra la Violencia Institucional, bajo el lema “Derechos Humanos y participación ciudadana: el rol del Estado entre la libertad de expresión y la violencia institucional”, se desarrolló la sexta Jornada “Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos”.
Durante el encuentro se abordaron situaciones de violencia institucional ejercidas por el gobierno nacional, contra los participantes de la histórica marcha de jubilados de cada miércoles frente al Congreso Nacional, y periodistas y fotorreporteros que cubren la actividad, como es caso de Pablo Grillo, quien lleva más de 50 días internado en terapia intensiva.
Además se abordaron otros casos relacionados con el abuso de las fuerzas de seguridad y la criminalización de la protesta social, y la falta de protocolización sobre el uso de armas.
Formaron parte del encuentro organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, Paula Litchavsky y Bárbara Juárez del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Kevin Nielsen y Josefina Ignacio, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Horacio Pietragalla y Mariano Przybylski, de la Red Federal por los DDHH, y el juez de Ejecución Penal N°2 del Departamento Judicial de Quilmes, Federico Merlini.
En el panel de cierre dió la bienvenida el Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno quien indicó “Hay una deuda de esta democracia con la violencia institucional, en el inicio de la gestión, en 2019, asumimos el compromiso desde el gobierno provincial de trabajar en estas cuestiones, se puso en la centralidad de las políticas públicas.
“Además por primera vez el Estado se convirtió en querellante institucional ante los casos de violencia, sin dejar la de lado la integralidad del abordaje el equipo de acompañamiento que estaba ocupado en casos de Lesa humanidad y se ampli{o para contener a los familiares en casos de violencia institucional. Tenemos la decisión de seguir trabajando”. subrayó Moreno.
Por su parte, el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla resaltó que “es una temática que venimos trabajando desde hace muchos años. La violencia institucional la sufrimos con amigos de la infancia, quienes vivimos en esa década de los 80 a los 90. Lo que vivían pibes y pibas en los barrios. Empecé a tener acercamiento desde Abuelas, y luego desde el Estado, le agradezco siempre tanto a Néstor y a Cristina que pibas y pibes de barrio hayamos tenido incursión en la política”.
“Antes se veía a la política lejos de los problemas de la ciudadanía. Ante el fin de la impunidad de los delitos que cometió la dictadura, se empezó a levantar la vara de las políticas de derechos humanos”, destacó Pietragalla.
Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional
Fue instituido por ley en 2012 en conmemoración de la 'Masacre de Budge', ocurrida el 8 de mayo de 1987. Este hecho nos permite recordar a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Ademas, la relevancia de la Masacre de Budge radica en la organización comunitaria y la respuesta colectiva que gestó, logrando desarticular la versión policial y llevar a juicio a los responsables, incorporando además otras modalidades de violencia estatal a la agenda de derechos humanos posterior al terrorismo de estado.
Programa Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos
El programa tiene como objetivo brindar respaldo institucional al colectivo de familiares víctimas de violencia institucional y a los integrantes de organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos.
Este respaldo reconoce la labor fundamental que realizan en el acompañamiento, la denuncia y la contención de las personas afectadas por hechos de violencia institucional. Por eso, continuaremos entregando credenciales, además de brindar espacios de formación para fortalecer su labor.”
Frente al avance represivo y el desfinanciamiento de las políticas de derechos humanos por parte del Gobierno nacional, la Provincia redobla su compromiso con la protección de los derechos de las y los bonaerenses.