Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al gabinete, pero particularmente a todos los intendentes e intendentas de nuestra provincia, que son muchísimos los que han venido hoy a acompañar este reclamo, pero son muchos los que no pudieron venir también.
Quiero dejar en claro que no sólo hemos presentado este pedido, este reclamo en nombre de quienes estamos acá, sino en nombre de los 135 intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires, de todas las formaciones políticas y, sobre todo, en nombre de los 17 millones de bonaerenses que son los damnificados, las víctimas de estos recortes despiadados y absolutamente ilegales.
Voy a dar un breve antecedente y una breve descripción de lo que se hizo hoy. Concurrieron miembros del gabinete y también muchísimos intendentes e intendentas de la provincia al Ministerio de Economía para presentar formalmente un petitorio, que es un paso más en las acciones y en los diferentes caminos que hemos tomado para hacer estos reclamos.
En el caso particular del ministro de Economía, se le han pedido formalmente tres reuniones y nunca recibimos respuesta, así que tampoco es que lo hacemos sin la voluntad de realizar un encuentro personal. Pero la verdad que no tuvimos ninguna respuesta, no tuvimos ninguna fecha, ninguna cita marcada por el ministro de Economía. Y es el ministro de Economía, según lo que dicen los restantes ministros con los que se tiene diálogo desde cada una de las carteras del gobierno de la provincia. Cada uno dialoga con el ministro, con el secretario, con el responsable de su área, pero al tratarse de una cuestión económica, siempre está esta respuesta de que “es el ministro de Economía quien tiene que tomar la decisión sobre fondos y asignaciones presupuestarias”. Particularmente no habiendo un presupuesto nuevo aprobado para este año, sino el prorrogado del ejercicio anterior, obviamente que las reconfiguraciones del presupuesto quedan en manos del Presidente, por supuesto, pero del ministro de Economía.
¿Qué es lo que reclamamos? Concretamente recursos cortados de manera ilegal, incumpliendo compromisos, ya sea normativos, legales, en base a acuerdos firmados o diferentes dispositivos e instrumentos. Acuerdos que debe cumplir el Gobierno nacional, cuya normativa jurídica no está en discusión, y si bien puede haber cambiado el Presidente, es el mismo país, es el mismo Estado y es el mismo gobierno nacional que continúa. Pese a que todas estas partidas, todos estos compromisos existen y están documentados, de manera unilateral y arbitraria, el Gobierno nacional, el presidente Milei, decidió cancelar y suspender.
Empiezo por la cuestión puntual, pero quiero ponerla en un marco simplemente un poco más amplio, que tiene que ver con los recursos de la provincia de Buenos Aires. Ha habido mucha polémica o discusión pública sobre los recursos recibidos por la provincia de Buenos Aires durante el año pasado, durante los años anteriores, las gestiones anteriores, y uno podría remontarse casi al comienzo de la historia de la Provincia y de la unidad nacional. Con algunos episodios más agudos, el diagnóstico ha sido históricamente siempre el mismo: que la provincia de Buenos Aires se encuentra discriminada y perjudicada en los recursos que recibe. Esto es histórico, por supuesto, y no se modificó por más que hubo pequeños avances, sustanciales para nosotros, pero pequeños en magnitud y en proporción durante la gestión anterior.
Así y todo, quiero dejar muy en claro esto porque es el punto de partida de esta discusión y previo a las decisiones unilaterales que tomó Milei. La provincia de Buenos Aires aporta aproximadamente el 40 por ciento de todos los recursos tributarios de la República Argentina. El 40 por ciento se aportan con la actividad, con los esfuerzos, con los impuestos de la provincia de Buenos Aires. Una parte de esos recursos se los queda directamente la Nación, otra parte se distribuye a través de un sistema de coparticipación con las provincias argentinas y el resultado de esto, en punto a la coparticipación, es que la provincia aporta aproximadamente el 40 por ciento de los recursos totales y recibe solamente el 20 por ciento de los recursos coparticipables.
Esto durante la etapa anterior, del gobierno anterior, creció hasta el 22,5 por ciento aproximadamente. No es que recibimos el 10 por ciento más. Aportando el 40 por ciento, no es que recibimos el 30, el 35 por ciento o, como fue históricamente previo a la década de los ochenta, el 27 por ciento. No, recibimos algún punto más que tiene que ver con fondos específicos. Pero la verdad es que la disparidad entre el aporte de la provincia, la magnitud de la provincia y las necesidades de la provincia de Buenos Aires y lo que la Provincia recibe de recursos coparticipables, se sostuvo históricamente durante todo el período que uno quiera transcurrir también para atrás.
Como resultado de esto, repito, existe una enorme disparidad, una enorme desigualdad, una enorme inequidad en el aporte de los recursos de la Provincia y en los recursos que la Provincia recibe de la masa coparticipable.
Esto es discordante tanto con el aporte, como con la proporción de la población, el 38 por ciento de los y las habitantes de la Argentina viven en la provincia de Buenos Aires según el último censo; con la capacidad productiva de la provincia de Buenos Aires, aportamos el 50 por ciento del producto industrial, cerca del 40 por ciento del producto contando todas las ramas de actividad; y también el 55 por ciento de las personas, de los argentinos y las argentinas, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, viven en la provincia de Buenos Aires. Repito, el 40 por ciento del producto, el 38 por ciento de la población, el 50 por ciento de la industria, y recibimos el 20 por ciento de los recursos.
Eso ha tenido como resultado algo que, por supuesto, se puede valorar de diferentes maneras, pero es la realidad objetiva. Y esto es para que dejen de mentir de una manera sistemática. La provincia de Buenos Aires tiene, en la comparación con el resto de las provincias, el menor presupuesto por habitante por lejos, contando los recursos nacionales e, incluso, los recursos propios. A la vista salta directamente que todas esas ideas de que la Provincia tiene impuestazos, que la Provincia recibe mucho o que la Provincia gasta demasiado, están absolutamente divorciadas de la realidad. La Provincia es la que menos gasta por habitante de la Argentina. Es la Provincia más austera de la Argentina. Y además, es la segunda Provincia que menos trabajadores y trabajadoras estatales tiene por habitante.
O sea, que es la que menos recibe, es la que menos gasta y la provincia de Buenos Aires es la que tiene el Estado más pequeño de la Argentina. Esto es objetivo, indiscutible y no se modificó de ninguna manera durante el período anterior, donde teóricamente habíamos recibido recursos de manera indiscriminada y absolutamente desproporcionada.
Lo digo porque hemos mostrado las cifras, surgen del presupuesto nacional, surgen de los gastos durante el período anterior y durante todos los períodos anteriores. Así que esta es la realidad: la provincia de Buenos Aires tiene la mayor parte de la actividad en proporción, la mayor parte de las necesidades, es la que menos recursos recibe y termina siendo la que menos trabajadores tiene y la que menos recursos gasta. Esto en términos comparativos.
Así estábamos y llegó Milei. Hace seis meses llegó Milei y tomó decisiones ilegales. Por eso el reclamo reiterado por diferentes vías. Lo hemos hecho por vía administrativa, por nota, hemos pedido entrevistas y hemos hecho, también, presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué es esto? Porque los recursos que recortó Milei a la provincia de Buenos Aires y a las restantes provincias argentinas, en su absoluto desprecio con el carácter federal de la Argentina, en su desprecio del interior, que incluye a la provincia de Buenos Aires. En esa decisión, lo que hizo es cometer actos ilegales de recortes de fondos. Por eso fuimos a reclamarlo, porque tenemos las normas, las leyes, los presupuestos que sustentan las transferencias que se realizaron y que dejan en claro el incumplimiento del Gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires.
Y en esto no es distinto, tal vez en proporción por la magnitud de la provincia, pero no en la calidad y en la situación, con el resto de las provincias argentinas. Esto ha ocurrido de manera generalizada. Por eso tampoco la provincia de Buenos Aires es la única provincia que ha hecho reclamos de diverso tipo, también hay otras que lo hicieron ante la Corte Suprema de Justicia.
Hoy vamos a distribuir un documento que es el que hemos entregado donde consta, reglón por reglón, cuáles son los fondos que indebidamente, ilegalmente el Presidente Milei le ha cortado al pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Y ahí quiero dar un pequeño detalle que parece de uso terminológico, de jerga de economistas, pero no es así. Lo llaman recursos discrecionales. Lo habrán escuchado porque es así como publicitan el robo que han hecho. Son recursos aparentemente, según ellos, discrecionales. Un recurso discrecional es optativo, es arbitrario, se da o no se da según la voluntad de quién lo hace. Bueno, todo lo contrario de la realidad. Es cierto que los recursos que recibimos las provincias del Gobierno nacional se dividen en recursos automáticos, que son los de la masa coparticipable, lo que se dice en la jerga gotea de manera permanente a medida que se lleva adelante la recaudación y se distribuye a través de la cuenta recaudadora del Banco Nación a las cuentas provinciales. Esos son los recursos automáticos y hay otros que no lo son, pero que eso no los convierte en discrecionales.
¿Qué quiere decir que no son automáticos? Que sus transferencias requieren una decisión administrativa pero que están solventados, que están apoyados en normativa. Discrecionales sería una decisión arbitraria y caprichosa —le doy o no le doy—. Otra cosa distinta son los recursos que están reflejados en convenios, en normas, en presupuestos y que se han cortado, ahí sí, de manera arbitraria e ilegal. Pero no es esa la naturaleza de los recursos.
A esto me voy a referir brevemente porque vamos a compartir con ustedes las cifras precisas. Por un lado, hay recursos directos, directos en términos de transferencias financieras que realiza el Gobierno nacional en base a compromisos que tiene con el Tesoro provincial, directos. Esos son recursos de ANSES, que forman parte de los pactos fiscales que se han firmado, que se han ratificado presupuestariamente y que tienen que ver con la transferencia o no de las cajas provinciales. No quiero ponerme muy técnico, pero no decide Milei si se queda o no con la plata de los jubilados y las jubiladas bonaerenses. Al no transferirnos los fondos del ANSES, lo que está haciendo Milei es quedarse indebida e ilegalmente con plata de los jubilados de la provincia de Buenos Aires y de muchas otras provincias, en base a un compromiso que incumple y que tiene el Gobierno nacional con muchas provincias argentinas, entre ellas la provincia de Buenos Aires.
En el transcurso del gobierno de Milei, el monto al que asciende esa deuda es de 716.000 millones de pesos. Luego tenemos el incumplimiento del consenso fiscal del 2017 de 447.000 millones de pesos, también tenemos el llamado FOFOFI, que es el fondo para la seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Reitero: no es caprichoso, no es arbitrario, no lo decide quien está sentado en el sillón de Rivadavia. Está firmado y hay compromisos previos que el Estado nacional tiene que cumplir, como nosotros tenemos que cumplir los nuestros. El fondo de seguridad, además, se rinde trimestralmente. Es decir, que ni son arbitrarios los recursos, ni es caprichoso su destino. Son fondos que el Gobierno nacional destina a la seguridad, al equipamiento y a los sueldos de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires que, repito, es la que menos empleados y menos trabajadores tiene y la que, comparando con muchísimas ratios en materia de seguridad, tiene enormes deudas y necesidades. Ese fondo debe transferirlo el Gobierno nacional, debe gastarse en equipamiento, en tecnología y en sueldos, también, para la Policía de la Provincia. En ese concepto, 320.000 millones de pesos, de manera indebida e ilegal, adeuda y debe el gobierno de Milei.
Luego, el Fondo de Incentivo Docente. El Fondo de Incentivo Docente, así como el fondo anterior, era para la seguridad de los y las bonaerenses, así como el fondo del ANSES es para los jubilados y las jubiladas bonaerenses. En este caso el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, es para los docentes y las docentes de la provincia de Buenos Aires. Se transfiere del Gobierno nacional un monto que directamente va en los recibos de sueldo de los y las docentes de la Provincia y de todas las provincias argentinas. Caprichosa y arbitrariamente lo cortaron. Por eso, en este concepto 74.000 millones de pesos. Toda esta cuenta totaliza 1,7 billones de pesos de una deuda que tiene que ver con estos y varios más renglones de recursos directos.
A eso, luego, se le suma un segundo punto: la obra pública. El Gobierno nacional tiene firmado contratos y está ejecutando obra pública en la provincia de Buenos Aires que no es de cumplimiento optativo. No es una decisión arbitraria. Son obras que el Gobierno nacional tiene en el territorio de la provincia, como tiene en toda la Argentina y que suspendió, lo que lleva a incumplimientos contractuales, a incumplimientos de convenios cuando se trata de municipios de la provincia de Buenos Aires o recursos que también se han conveniado con el Gobierno provincial. Son obras que se interrumpen, y respuestas y resultados que no se tienen. De esta manera, hay cerca de 1.000 obras en esa situación.
¿Qué son esas 1.000 obras en la provincia interrumpidas, que algunas encabeza directo el Gobierno nacional, otras que ejecuta el Gobierno provincial pero con recursos nacionales, otras que ejecutan los gobiernos municipales con recursos nacionales? Son todas obras paradas, cerca de 1.000 obras paradas, que son cloacas, obras de agua y saneamiento, viviendas, 16.000 viviendas paradas en la provincia de Buenos Aires, rutas, saneamiento de basurales, universidades, obras en universidades, cárceles, hospitales, obras en el sistema sanitario, laboratorios de investigación. Todo parado. Deuda del Gobierno nacional. 1.000 obras que totalizan 4,5 millones de millones, billones.
Y, luego, en el tercer punto, otro conjunto de diferentes programas —también conveniados, también por ley— que tienen que ver con medicamentos para HIV, con los fondos para trasplantes, con los fondos para diversas obras que tienen que ver con el deporte, con el desarrollo social, con las mujeres, con cuestiones de género, con los comedores escolares, con los comedores comunitarios, con la emergencia climática. Todos compromisos que está incumpliendo el Gobierno nacional.
Ante esto, lo que acabamos de realizar es una presentación formal al ministro de Economía, que lleva la firma de muchísimos intendentes pero representa a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y a sus 17 millones de habitantes, que son los que se han quedado sin los recursos, sin las obras.
Por eso, esto tiene vital importancia. Repito y quiero contar dos, tres cuestiones más que tienen que ver con este reclamo. La primera es que ya hay cuatro presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia. Los fondos de ANSES, los fondos de Incentivo Docente, el Fondo Compensador del Transporte, que también es una deuda de 10.000 millones de pesos, y el fondo de Seguridad. Esos son los cuatro reclamos que tenemos hoy vigentes ante la Corte Suprema de Justicia, que es la que debe resolver de manera cautelar o de fondo, la justicia de estos reclamos que, como digo, no tengo ninguna duda de que el Gobierno nacional ha incurrido en una ilegalidad.
La segunda, que ya hemos reclamado a la Corte Suprema, algo que agrava a estos pedidos es que hay determinados impuestos, recursos tributarios, que recibe el Gobierno nacional, que tienen aplicación específica en obras. Doy un ejemplo: en el caso del fondo vial, para obras viales, el Gobierno nacional está recuperando a través de recaudación, que tiene que ver sobre todo con combustibles, consigue el dinero, lo recauda, pero después se lo queda indebidamente y no lo aplica a las obras. Es de aplicación específica. Otro tanto sucede con los fondos del gasoil, con fondos correspondientes al Impuesto País.
En el primer caso, estamos hablando de 200.000 millones de pesos, en el segundo caso, más de 700.000 millones de pesos. Repito, el Gobierno nacional no lleva adelante sus compromisos pero recauda el dinero, se lo queda y lo utiliza para otras cuestiones que, repito, no son optativas, no dependen de la ideología anarcocapitalista, austríaca, no dependen de la ideología del presidente. Son compromisos legalmente establecidos que debe cumplir el Gobierno nacional. Y fondos específicos que no puede emplear para otros usos, porque están establecidos también por ley. Y las obras están paradas.
Otro tanto sucede con AYSA, que se está planteando su privatización. Ya se privatizó AYSA, son obras de agua y saneamiento en buena parte de los distritos del conurbano bonaerense que hoy se han suspendido, y que se busca privatizar. Ya se privatizó y fracasó. No es una novedad. No es una idea mágica y una respuesta a las dificultades. Ya se hizo, salió pésimamente mal, se vaciaron las empresas, se interrumpieron las obras, se dejó a la gente en banda y hubo que recuperarla para que las obras se hicieran, cosa que estaba ocurriendo hasta que llegó Milei. Así que nuestra inquietud con lo que están planeando con las obras de agua y saneamiento, que remiten a condiciones de vida, pero también a derechos básicos que tienen que ver con la salud del pueblo de la provincia, y que están en juego.
Hay otra cuestión más, que tiene que ver con un convenio que, aparentemente, está proponiendo el Gobierno nacional: firmar con diferentes provincias —si no entiendo mal, lo ha hecho con alguna— algo así como el traspaso de algunas obras y la aceptación, la cancelación, la neutralización y la interrupción de otras.
Esto hace acordar a lo que ocurrió en los años 90 en la Argentina. Muchas cosas hacen acordar a esa época. Pero, en este caso particular, se trataría de transferirle las obras a la Provincia sin los recursos. Con lo cual es convalidar la interrupción de las obras que son obligación y compromiso del Gobierno nacional. Esto no quita que la provincia de Buenos Aires esté reclamándolas, si el Gobierno nacional no va a terminar determinadas obras, lo hemos hecho particularmente con la autopista Presidente Perón, con el Canal Magdalena y hemos tomado, también, la determinación de concluir obras nacionales, que por su importancia estratégica puede hacer la Provincia con recursos propios, como es el caso de los centros de infancia, como es el caso de diez obras en universidades nacionales.
Lo que no vamos a hacer, que se olviden, es ser cómplices de la deserción del Gobierno nacional. Aceptar, como si no pasara nada, que las obras se paren o que se deriven a la Provincia sin los recursos correspondientes. Por eso, este reclamo incluye también la terminación de absolutamente todas las obras en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.
Tengo dos puntos más, que considero hay que compartirlos y que no tienen que ver estrictamente con este reclamo, pero sí con lo que este reclamo expresa y que es el resultado ya, seis meses vista, de las decisiones y las políticas que está llevando adelante el gobierno de Milei.
Creo que el saldo que se estuvo discutiendo ayer y se estuvo polemizando sobre esto, para la provincia de Buenos Aires es muy claro. Son seis meses, no son diez días, no es ver la plataforma, no es hablar de pensamiento mágico, ni de anuncios, ni de segundo semestre, ni de brotes verdes, ni de lo peor ya pasó. Todos discursos que hemos escuchado cada vez que se aplicaron estas políticas en la Argentina. Ni siquiera en esto son novedosos.
Ya hay un resultado muy claro para el pueblo de la provincia de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, y diría para la Argentina en su conjunto, pero hablo por lo que nos compete directamente. El resultado es calamitoso. Van seis meses de gobierno y hay cuestiones que ya están definidas, fuera de que cada vez que se aplica un programa de este tipo se promete con metáforas, —ya sea religiosas o laicas— pero siempre se promete lo mismo: un tremendo sufrimiento que termina recayendo sobre todo en los sectores trabajadores, en los sectores medios, en los sectores vulnerables, y no en los sectores más ricos y poderosos, pero que ese sufrimiento, teóricamente, va a desembocar en el paraíso, en la tierra prometida, en la felicidad.
Revisen y recuperen lo que ocurrió cada vez que aplicaron estos planes de ajuste en la República Argentina. Para la provincia de Buenos Aires esto ya es muy claro. Se trata de una estafa electoral fenomenal. Se dijo que el ajuste iba a recaer en el sector político, en la casta. Fue un elemento de la campaña electoral. Lo que observamos es que este tremendo y despiadado ajuste lo están pagando el pueblo de la provincia de Buenos Aires, la industria bonaerense, la producción bonaerense, los trabajadores y las trabajadoras bonaerenses. Y creo que esto, a seis meses de andar con este programa económico, no requiere demasiada discusión. Si alguien quiere saber quién está pagando el ajuste, les damos una clave: que vaya al supermercado, a la farmacia, a la estación de servicio y verá que al ajuste lo paga el pueblo. Sobre esta situación, obviamente, estamos viendo consecuencias muy pero muy tremendas.
El segundo punto tiene que ver con una promesa electoral de que esta vez los que iban a gobernar eran un elenco distinto y fue una estafa. No se puede hacer una cosa distinta con los mismos de siempre, dijo Milei durante toda la campaña electoral. Cuando observamos los puestos claves del gabinete, son los mismos de siempre. No voy a dar ni el recorrido ni el currículum de Patricia Bullrich, ni de Caputo, el ministro de Economía, ni de Sturzenegger, ni de Francos. No los voy a dar, pero son los mismos de siempre. Así que no es ni un programa nuevo, por más que haya novedades en el discurso, en la profundidad, en la velocidad de la aplicación de las medidas, y en lo desalmado, porque ha sido sin red y sin acompañamiento. Pero el programa económico es un plan de ajuste convencional.
Y el tercer punto tiene que ver con la cuestión impositiva de la estafa electoral. Dije que el ajuste no recayó sobre la casta, recayó sobre el pueblo en su conjunto Milei dijo que no iba a subir ni un sólo impuesto, que antes de hacer eso se iba a cortar un brazo, firmó un compromiso. Y lo único que encontramos, en lo que quiero hacer una salvedad o poner una explicación adicional, es que se ha subido el Impuesto País, se pretendió subir las retenciones, las retenciones a bienes industriales, se han subido los impuestos a los combustibles y ahora se les va a volver a cobrar el Impuesto a las Ganancias, a los trabajadores y las trabajadoras de la cuarta categoría. Milei no ha parado un día de subir impuestos, con una particularidad, por ahora, que es que todos esos recursos son recursos no coparticipables, es decir, que se concentran en el Gobierno nacional y en el Tesoro nacional.
Esto creo que tiene una gravedad inusitada, porque expresa de alguna manera el desprecio al federalismo argentino. De un lado, dicen que de todos los problemas de salud, de educación, de seguridad, de infraestructura, de todos los problemas que genera el propio programa económico del Gobierno nacional, se tienen que hacer cargo los intendentes de la Provincia, este gobernador, los demás gobernadores, nos tenemos que hacer cargo de todo. Mientras tanto, nos recortan los recursos no automáticos y los recursos coparticipables son sometidos también a la caída que tiene que ver con la caída de la actividad, que se ha observado en todos los impuestos que gravan la actividad económica, cómo la recesión los afecta también.
Así que cada vez se les pide a las provincias argentinas que solucionen más problemas. Cada vez menos recursos y una decisión, parece consolidada, de fundir,o de asfixiar y ahorcar a las provincias argentinas.
Este plan económico es el mismo de siempre. Una fuerte devaluación, la más fuerte de la historia, 120 por ciento decidida por el Gobierno nacional. Una desregulación de los sectores concentrados y monopólicos de la producción, de la actividad, del comercio en la Argentina, específicamente de los sectores concentrados y monopólicos. Esa desregulación implica la ausencia total de cuidado, de protección al consumidor, y ningún tipo de defensa de la competencia, a la que el propio presidente le ha atribuido todos los males. Defiende a los monopolios y los deja actuar, y ahí lo estamos viendo. Lo vimos con las prepagas, lo vemos con los alimentos, lo vemos con los bienes de la canasta básica. Esta desregulación y retirada del Estado es lo contrario de algo que hacen todos los países aún y especialmente los más desarrollados, que es regular, controlar a los monopolios y cuidar a los consumidores. Todo eso abandonado, los resultados a la vista.
A esto se agrega que el ajuste fiscal se explica casi completamente, en un 75 por ciento, por el ajuste a los jubilados y las jubiladas, sumado al ajuste de los tarifazos, más el ajuste de la obra pública, más el ajuste de las provincias. Eso explica el 75 por ciento de la reducción de los gastos, en realidad de las inversiones. Y eso se ve en cada una de las deudas que empieza a tener el Gobierno nacional con los diferentes sectores y la fabricación de un presunto superávit construido a fuerza de incumplir compromisos.
Fundir a las provincias, objetivo del Gobierno nacional, y los tarifazos. Esos componentes que acabo de mencionar se repiten en cada uno de estos episodios neoliberales de la historia. La particularidad de este ha sido la brutalidad, lo despiadado y lo veloz del ajuste y la falta de cualquier compromiso con aquellos y aquellas que lo sufren.
Y los resultados están a la vista.La actividad en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, se ha perdido, por ejemplo, en construcción, 100.000 puestos de trabajo, 60.000 en la provincia de Buenos Aires. El último número oficial de SIPA, de las estadísticas oficiales, 94.000 puestos de trabajo registrados formales. Esto sin contar lo que se ha perdido en materia de puestos en la informalidad, de changas y lo que representa en la economía cotidiana. Recesión, desempleo, desindustrialización, aumento de la pobreza, sí, pero particularmente de la pobreza infantil.
Nos pasaba en las proyecciones UNICEF. El crecimiento ha sido prácticamente de 20 puntos de la pobreza infantil y duplicación de la indigencia infantil. Nunca, en toda la serie, se vio un salto de este tipo, un crecimiento de este tipo. Es decir que el sector más vulnerable de la sociedad, al que además se lo priva de todo tipo de programa nacional, es el que más está sufriendo este ajuste.
Que no nos vengan a decir que los pibes y las pibas de la provincia de Buenos Aires son la casta. Acá estamos, desde cada uno de los municipios, desde el Gobierno provincial, haciendo enormes esfuerzos para evitar que lo peor de este ajuste genere más dificultades.
Y, por último, la provincia de Buenos Aires es por excelencia la provincia productiva, industrial, pero también agropecuaria, minera, en turismo, en cada uno de los rubros. Así que estos programas perjudican al país en su conjunto, perjudican a su soberanía, perjudican a su posicionamiento geopolítico, pero perjudican muy particularmente a una provincia productiva, con tantas necesidades también, con tantas deudas, como la provincia de Buenos Aires.
Podríamos hacer un discurso partidario, ideológico, pero quiero dejar claro cuál es el carácter de esta exposición: simplemente defender los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires, para lo que nos eligieron por una mayoría muy relevante. Así que nosotros también tenemos un mandato electoral que se ve dificultado y obstaculizado por esta política económica.
Mañana se discute la Ley de Bases. Esta Ley Bases —llamada primero Ley Ómnibus, reducida, light, como sea, el nombre que le quieran poner—, en su versión actual, no tiene un solo artículo que beneficie a algún sector, a algún grupo, a alguna geografía de la provincia de Buenos Aires.
Eso es lo que nos lleva a rechazarla desde su versión inicial hasta la actual, aunque esté moderada, morigerada, edulcorada. No hay un sólo artículo que la beneficie. Le da superpoderes a un gobierno que con los que ya tiene ha hecho lo que acabo de describir. Es decir que no estamos de acuerdo con la delegación de facultades.
Sólo una de cada diez mujeres de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina se puede jubilar a la edad y con los aportes que marca la ley. Al cambiar el régimen jubilatorio, se está perjudicando a nueve de cada diez mujeres, que van a estar cinco años más. También a hombres, pero a mujeres con especial énfasis, que no van a poder jubilarse en el momento que corresponde y que además, si lo hacen, no van a tener una jubilación plena, sino con un descuento del 20 por ciento. Es decir, le roba 5 años a todas las mujeres bonaerenses de su jubilación y les descuenta un 20 por ciento si lo pueden hacer.
Además, esta ley destruye derechos laborales. No hay un sólo elemento que tenga que ver con nuevas realidades, con la modernización de la legislación. Es simplemente quitar derechos indemnizatorios, generar la posibilidad casi sin castigo del empleo en negro, informal; quitar las multas prácticamente a quienes incumplen. Es decir, no tiene que ver con una discusión profunda de las innovaciones, de las novedades y de las transformaciones en el ámbito del trabajo en la Argentina y en el mundo. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente quitar y restringir derechos.
Baja del impuesto a la riqueza a 125.000 contribuyentes y, al mismo tiempo, hacen que paguen el impuesto a las ganancias cuarta categoría entre 800.000 y 1 millón de trabajadores y trabajadoras. Así que, prácticamente, con cifras equivalentes les saca impuestos a los ricos y se los pone a los trabajadores y las trabajadoras argentinas.
Propone un blanqueo que ha sido cuestionado por la falta de controles, por la falta de regulación, que pone en riesgo, también, —lo han dicho los especialistas— el ingreso de capitales a través de negocios ilegales. Así que podemos discutir, nadie niega que pueda ser importante o que podamos apoyar un blanqueo, pero no de este modo.
Crea un régimen para las grandes inversiones, el famoso RIGI, que es rifar y dilapidar el patrimonio nacional. Por supuesto que hay que incentivar grandes inversiones que generen riqueza, valor agregado, encadenamientos productivos, buenos salarios, es un objetivo compartido. Regímenes de promoción, regímenes de acompañamiento de inversiones grandes, pequeñas, medianas, no es algo con lo que estemos en contra. Pero este modo de plantear el RIGI, además lo hace profundamente discriminador de la industria nacional. Y esa industria nacional vive y se desarrolla particularmente en la provincia de Buenos Aires.
Lo voy a decir con claridad. Le da ventaja a inversores extranjeros que participan de estos grandes proyectos sobre la producción nacional. Va a destruir empleo, aún en sectores y en inversiones que hoy están en curso y podrían cambiar y acogerse a este régimen. La industria petrolera, la industria minera, grandes inversiones que se han hecho, desde la recuperación de YPF, para el caso de los hidrocarburos no convencionales, Vaca Muerta, etcétera, que están todas en marcha, que están creciendo, con este régimen tienen ventajas y beneficios que ni siquiera sus inversores habían soñado, habían imaginado, o habían pedido, porque están absolutamente desencuadrados de lo que hacen otros regímenes similares en países de la región y del mundo.
No estamos hablando de generosidad. Estamos hablando de cuidar el patrimonio nacional, los recursos nacionales, el trabajo y la industria nacional. Por eso lo digo claramente: no puede aprobarse este régimen.
Busca privatizar una cantidad de empresas, como correos, trenes, aerolíneas, que ya se privatizaron, a veces casi con los mismos jugadores. Y cuyas privatizaciones desembocaron en vaciamiento, en liquidación y, finalmente, en la necesidad de recuperación por el Estado nacional.
Entonces, privatizaciones no. Por supuesto que uno puede mejorar, puede discutir cada caso particular, pero la verdad que hasta empresas que son superavitarias o empresas que se ocupan de servicios públicos esenciales ya fueron privatizadas y terminaron en un verdadero desastre.
Y, por último, desmantela instituciones vinculadas a la ciencia, a la investigación, a la universidad, y las pone a disposición de quienes odian la ciencia, la investigación, la universidad pública y que se han propuesto, desde el primer día, achicarla, ajustarla o privatizarla.
Así que por todos estos motivos, en el día de mañana, la provincia de Buenos Aires en su conjunto convoca a la marcha que se va a realizar a las diez de la mañana en la Plaza de los dos Congresos para manifestar que esto no se trata ni de dar instrumentos o dar tiempo, sino de seguir profundizando y seguir en la misma dirección que las medidas que está aplicando el gobierno de Milei hoy, cuyos resultados están a la vista.
Con respecto a ese programa económico, necesitamos que pare esta locura. Están destruyendo todo. Necesitamos, repito, que pare esta locura.
Muchísimas gracias.