Está condenado por delitos de lesa humanidad. La Subsecretaría fue querellante en el juicio.
El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata no dio a lugar el pedido de prisión domiciliaria que solicitó la defensa de Carlos Ernesto Castillo, ordenando al Servicio Penitenciario Federal que continúe realizando los correspondientes controles y chequeos médicos sobre el recluso. La Subsecretaría de Derechos Humanos, que fue querellante en el juicio oral y público en el que fue sentenciado a prisión perpetua hace dos años, consideró acertada la decisión de los jueces.
La decisión judicial lleva fecha de este jueves 16 de abril y no hace lugar al pedido de los abogados de Carlos Castillo, conocido como “El Indio”, quien fue condenado por delitos de Lesa Humanidad el 29 de Noviembre de 2017. En el juicio fue encontrado culpable de los secuestros y homicidios de Carlos Antonio Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Martini y el secuestro de Úrsula Baron y Daniel Pastorino; todos hechos cometidos entre Febrero y Abril de 1976.
“Castillo tiene una condena por delitos gravísimos. Además en su actual lugar de detención se encuentran garantizadas las condiciones necesarias para poder cumplir con todos los recaudos del aislamiento social y obligatorio”, explicó Verónica Bogliano, Directora de Querellas en Crímenes de Lesa Humanidad de la Subseretaría. Y agregó: “No nos sorprende que los represores quieran aprovecharse de una situación tan preocupante que se vive en el mundo entero para tratar de lograr algún beneficio individual”.
Con el argumento del avance del coronavirus COVID-19, ya más de 100 condenados por delitos de Lesa Humanidad pidieron el beneficio de arresto domiciliario y en su mayoría fueron denegados. En este sentido, el abogado de Castillo ya había presentado un recurso similar argumentando que su defendido es “una persona de riesgo que además tiene problemas traumatológicos dados sus 67 años”, siendo rechazado el planteo por el TOF N°1. El mismo tipo de pedido le fue rechazado el 7 de abril pasado en la causa °1 y 60”, que investiga crímenes de lesa humanidad y que lo tiene como imputado.
Castillo fue integrante de la banda parapolicial conocida como Concentración Nacional Universitaria (CNU), que en el período inmediato anterior a la última dictadura cívico-militar (1973-1976) secuestró y asesinó militantes populares que pertenecían a organizaciones peronistas y de izquierda.