En un sector de este cementerio fueron enterradas de manera ilegal personas que fueron desaparecidas y asesinadas durante la última dictadura.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Municipalidad de Almirante Brown, señalizó el Cementerio Municipal de Rafael Calzada como sitio de memoria del terrorismo de Estado. En un sector de este cementerio fueron enterradas de manera ilegal personas que militaban política, social y sindicalmente y que fueron desaparecidas y asesinadas durante la última dictadura.
El acto contó con la presencia de familiares, sobrevivientes y de organismos de derechos humanos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Matias Moreno; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; el intendente interino de Almirante Brown, Juan José Fabiani, el diputado Mariano Cascallares y la diputada María Rosa Martínez, cuyo compañero, Sergio Yovovich, fue encontrado en este lugar.
El subsecretario Matías Moreno celebró la realización de la actividad que dijo “se inscribe en las políticas de Memoria, Verdad, Justicia, reparación y garantía de no repetición, que ponen a nuestro país en un ejemplo internacional sobre cómo tramitar nuestro pasado traumático reciente”-
“Por la lucha de los organismos de derechos humanos, con demandas que fueron asumidas por Néstor Kirchner al llegar al Gobierno, se desarrollaron juicios, señalizaciones, recuperación de hermanas y hermanos apropiados, además de otras políticas que fueron las de mejorar la vida de las y los ciudadanos”, agregó Moreno quien remarcó que “ayer se detenía, desaparecía y asesinaba y hoy el poder real utiliza otros mecanismos otras armas para avasallar los derechos del Pueblo”.
Durante la actividad, los funcionarios además descubrieron una calle interna del cementerio que lleva el nombre de Intendente Félix Flores, en homenaje al primer funcionario municipal que en 1983 realizó una denuncia ante la Justicia Federal que permitió conocer que en este cementerio se realizaron inhumaciones clandestinas durante la última dictadura cívico-militar.
Acompañaron la actividad también la subsecretaria de Promoción, Natalia Barreiro; la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol; y otros funcionarios nacionales, provinciales y municipales.
Según documentación obrante en el Archivo Nacional de la Memoria, hasta la fecha pudieron ser identificadas judicial y administrativamente al menos trece víctimas. En la mayoría de los casos, los homicidios ocurrieron durante falsos enfrentamientos en la vía pública o en domicilios particulares. Algunas víctimas habían sido vistas en distintos centros clandestinos de detención.
Los cuerpos eran traídos al cementerio durante la madrugada para ser enterrados ilegalmente por integrantes de las Fuerzas Policiales y Armadas, en ocasiones vestidos de civil. De acuerdo con exempleados, en su mayoría desplazados de su trabajo a mediados de 1978, estos procedimientos se realizaban con la complicidad de las autoridades del cementerio.
En 1977, se realizaron las primeras identificaciones por parte de familiares de las víctimas. En 1983, a partir de una denuncia por enterramientos ilegales efectuada por el entonces intendente de Almirante Brown, el Juzgado en lo Penal Nº 3 de Lomas de Zamora emitió una orden para exhumar cuerpos enterrados como NN y en forma clandestina durante el terrorismo de Estado. En esta instancia solamente pudo concretarse una identificación. En 1987, los cuerpos fueron reinhumados de forma desorganizada en un mausoleo de este cementerio nombrado “Sepulcro de los desaparecidos”. En 2006, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) continuó con el trabajo de recuperación e identificación de los restos óseos exhumados en este lugar.
La señalización de los ex centros clandestinos de detención y de otros lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado, a través de la Ley Nacional N° 26.691 y la Ley Provincial Nº 13.584, los hace visibles y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos allí cometidos, acompaña el juzgamiento de sus responsables y efectiviza el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.