El juicio de lesa humanidad lo lleva a cabo el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, encabezado en esta oportunidad por el juez Román Pablo Lanzón, y avanzó con la etapa de producción probatoria donde prestaron testimonio de modo presencial, Liliana González y Marcela Aranda.

Los delitos que se juzgan de lesa humanidad son los cometidos durante la última dictadura cívico militar en la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires integrado por los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero y Pergamino; y tiene 12 imputados en delitos de lesa humanidad cometidos contra 74 víctimas.

Derechos Humanos de la Provincia es querellante en este juicio y acompaña a las y los testigos a través del Equipo de Acompañamiento.

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El primer testimonio fue de la testigo Liliana González, quien es hermana de Rosa Cristina González, secuestrada y desaparecida el 14 de marzo de 1977 cuando tenía 20 años en su casa de Salto, provincia de Buenos Aires. Rosa era estudiante de derecho y tenía dos hijos junto a su compañero, Carlos Alberto Aranda, de 21 años, estudiante de ingeniería y trabajador de la fábrica Siderca, también secuestrado y desaparecido en San Nicolás el 9 de noviembre de 1976. Ambos militaban en el ERP y siguen desaparecidos.

“El día que nos allanaron la casa, en noviembre de 1975, vivíamos en Zárate. Fueron dos allanamientos, a la noche, mi hermana se había casado y se había ido de viaje, y nosotros no sabíamos qué estaba pasando. A uno de mis hermanos, que tenía 13 años, le apuntaron con un arma y lo metieron en el baño. Mi otro hermano, se salvó porque pudo presentar una credencial que trabajaba como personal civil de la Armada Argentina, justo cuando se lo estaban por llevar”, empezó relatando Liliana.

Luego dijo que eran personas vestidas de militares, de verdes, que nunca presentaron credencial y no dijeron nada sobre de qué repartición, de dónde eran y tampoco presentaron orden de allanamiento ni especificaron a quién buscaban. Y recordó que cuando su hermana y su pareja volvieron de luna de miel, les dijeron que la estaban buscando, porque lo dedujeron por el hecho que no habían detenido a nadie los días de allanamientos y que los seguían permanentemente.

Finalmente, expresó que durante un año recibieron cartas de su hermana por correo, desde diferentes lugares, con estampitas distintas, donde decía que estaba bien, que cuiden a sus hijos, que pronto se iban a encontrar y que la letra era de ella, y que había referencias donde se daban cuenta que era ella la que escribía.

Los hijos de la pareja, Marcela Aranda y Jorge Carlos Alberto Aranda, fallecido en un accidente en el año 2000, cuando fueron secuestrados se quedaron con su tía paterna y luego con sus abuelos maternos y sus tíos.   

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El segundo testimonio fue de la hija de la pareja, Marcela Aranda, quien nació en diciembre de 1975 y relató lo que fue reconstruyendo con el tiempo sobre la desaparición de sus padres.

“Es lo que aún sigo construyendo, porque se sigue acercando gente y me cuenta. Ellos militaban en el FAS, que era el Frente Antiimperialista y por el Socialismo, que era un frente legal del PRT-ERP, y que en Zárate funcionaba en un Ateneo, José de San Martín. Esto fue en el año 74, cuando se inician en la militancia. Y mi papá, por lo que tengo entendido, había participado anteriormente en agrupaciones estudiantiles durante su paso por la escuela técnica secundaria. Mi mamá había estado estudiando derecho en la UBA durante un año y dejó cuando se entera del embarazo, y estaba dando apoyo escolar y clases d formación ciudadana, cuando se conocieron, se enamoraron y se casaron el 21 de mayo de 1975”, empezó contando Marcela.

Luego dijo que previo al golpe, ya eran perseguidos, ellos y muchos compañeros de militancia, como María Teresa Quintana, Ricardo Guerrero y Claudia Quintana, única sobreviviente de ese grupo.

Febrero o marzo de 1976, fue el segundo allanamiento a la casa de sus abuelos, donde sus padres aún vivían, y fue a partir de ahí que deciden mudarse a Villa Constitución, donde siguen militando en la zona. Fue en ese momento que como los perseguían se refugian en la casa de unos tipos paternos, luego Carlos se fue a San Nicolás y la última carta que recibió su madre le decía que estaba “todo muy difícil pero que estaba buscando una casa para que vivan todos juntos. A partir de ahí nunca más se supo nada de mi papá”, dijo.  

Finalmente, describió la información que fue recabando sobre la búsqueda incansable de sus abuelos, los ministerios y entidades recorridas y las presentaciones realizadas tratando de saber algo sobre el paradero de ambos. Y que entre mayo y septiembre de 1977, su madre estableció contacto telefónico en al menos tres oportunidades con su abuela, que como no tenía teléfono de línea la llamaba a lo de una compañera suya de la facultad, Susana Vinci, que ahora es abogada.  

“La última carta, que fue en septiembre, la llevó una persona de civil, al domicilio materno, entregó esa carta, una caja de bombones que supuestamente le habían regalado porque había sido su cumpleaños, dentro de la caja había varios papeles con distintos papales, de golosinas, cigarrillos, papeles con listados de seudónimos y fechas, una muñeca de trapo que en la carta decía que era para mí, y un gamulán que le habían regalado y que quería que su familia lo conserve para cuando fuera liberada. Esa fue la última comunicación que tuvo la familia con ella. Y también en la carta contaba sobre una compañera de cautiverio en Campo de Mayo, apodada “La Gallega”, que después la familia pudo saber que se trataba de Graciela Silvia Rovini Zubiria Amado, de 24 años, también desaparecida luego de ser secuestrada en Capital Federal el 14 de abril de 1977.   

La próxima audiencia quedó fijada para el martes 20 de mayo a las 9hs.