El debate oral por crímenes de lesa humanidad de la causa conocida  como “Di Nápoli” retomará sus audiencias este lunes a las 13 en los tribunales federales de San Martín. Será de manera remota para todas las partes, salvo para la defensa particular que estará presente en la sala para continuar con los alegatos.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires es querellante en la causa y estará representada en el juicio por la abogada Yanina Michelena.

La audiencia se podrá seguir en vivo por la página del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación www.cij.gov.ar.  

El 6 de mayo pasado la Subsecretaría, en línea con la recomendación de la Cámara de Casación y con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, había solicitado que se retomaran las audiencias en esta y otras tres causas en las que es querellante y que permanecen suspendidas por el aislamiento social preventivo por la pandemia de Covid-19.

“Nos preocupa la dilatación de los tiempos en los procesos de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Y también comprendemos y nos ocupa la situación generada por la pandemia del coronavirus. Por eso en los juicios que somos querellantes solicitamos a los tribunales retomar las audiencias de manera remota y tomando todos los recaudos”, dijo entonces el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Facundo Moreno.

Asimismo, ratificó la voluntad y el compromiso de la Subsecretaría y del Estado bonaerense con el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura cívico militar.

En el marco de la causa, los abogados de la subsecretaría también recurrieron el beneficio de prisión domiciliaria al que accedió Di Nápoli el 3 de abril pasado. En su alegato del 4 de febrero las abogadas Valeria Monetta y Yanina Michelena, solicitaron para el médico una pena de 25 años de prisión y el cese de las prisiones domiciliarias con que están beneficiados los otros dos acusados.

El debate por la causa Di Nápoli comenzó en agosto de 2019 ante el TOF2 por los crímenes cometidos en el Arsenal Naval de Zárate, el buque patrullero ARA Murature -anclado al frente- y en Campana, durante la última dictadura cívico-militar, y tiene por objeto privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones cometidas contra una veintena de víctimas que por primera vez están siendo juzgados en ese circuito represivo.

Omar Edgardo Di Nápoli, el acusado que le da el nombre al expediente, era el médico en el barco Ara Murature que decidía si las víctimas podían continuar siendo torturadas. Los otros imputados sin Jorge Bernardo y Santiago Omar Riveros.