La jornada se llevó a cabo este martes 12 de agosto en el Concejo Deliberante de Baradero y es la segunda vez que se hace en la localidad una audiencia de un juicio de lesa humanidad.
Derechos Humanos de la Provincia es querellante y acompaña a las y los testigos a través del Equipo de Acompañamiento.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario que lleva a cabo el juicio está encabezado por Elena Beatriz Dilario, Román Pablo Lanzón y Eduardo Rodríguez da Crus, y los delitos que se juzgan de lesa humanidad son los cometidos durante la última dictadura cívico militar en la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires integrado por los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero y Pergamino; y tiene 12 imputados en delitos de lesa humanidad cometidos contra 74 víctimas.
Las personas imputadas son los ex integrantes del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, Antonio Federico Bossie (excapitán, prestó funciones de oficial de Operaciones y oficial de Inteligencia), Guillermo Aníbal Piccione (excapitán, cumplió las funciones de oficial de Logística y de Personal) y Bernardo Luis Landa (exteniente primero, se desempeñó como oficial de Logística); el exintegrante del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás Omar Andrada (exteniente coronel, fue jefe del organismo); los excabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal Hubo Bellet, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla; y los exoficiales de la delegación San Nicolás de la Dirección General de Inteligencia de la Policía bonaerense Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi, Raúl Calabresi. Carlos Alberto Tuero y Carlos Manuel Diglieri.
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En esta audiencia 36 el primer testimonio de modo presencial fue del sobreviviente Adalberto Pascual Rapalín, quien tiene 79 años, durante la última dictadura trabajaba en la empresa eléctrica de Baradero, actualmente es jubilado de Luz y Fuerza, y su madre, Celia Irenea Tapia, era candidata a diputada provincial por el peronismo cuando sucedieron los hechos relata.
“En el año 1976, en marzo, no sé con precisión qué día, pero fue en marzo, me vinieron a buscar a mi casa. En ese momento yo trabajaba en una empresa eléctrica de aquí de Baradero y como conocía al policía que me vino a buscar, le dije que me esperara un momentito, me cambiaba mi ropa de trabajo y lo acompañaba. Obviamente que me dijo que era por una contravención, bueno, pero no tenía ningún problema con nadie. Y entonces, fui con ellos y volví a los 7 meses”, empezó narrando Adalberto sobre su privación ilegítima de la libertad en la cárcel de San Nicolás.
En ese momento vivía con sus padres, su esposa, María Elena Sánchez, y su hija recién nacida y el oficial que fue a buscarlo era de apellido Guerrina, y recuerda que estaba con una persona de civil, “que evidentemente no era de Baradero porque no lo conocía”, dijo, y agregó que en el camión que los trasladó también iba su hermano, Miguel Ángel Rapalín, que trabajaba en la empresa Refinería de Matiz, y otra persona de la zona de apellido Ocama que en ese momento tenía una tintorería.
Finalmente, recordó que luego de unos meses los llamó un juez para declarar, y le preguntó que porqué estaban ahí, y que la respuesta fue como que no podía hacer nada. Al salir liberado, recibió un telegrama donde expresaba que por atentar contra la seguridad nacional era despedido de su trabajo.
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El segundo testimonio fue del testigo Alberto Atilio Cardoso, quien es jubilado, en la época de la dictadura cívica militar trabajaba en Refinería de Maíz, era activista gremial y también militaba en el peronismo, en una Unidad Básica cuyo referente era el ex intendente Claudio Chabrol. Su domicilio de Baradero fue allanado en dos oportunidades.
“Seguro, seguro”, dijo Alberto ante la pregunta de si sabía que esos allanamientos tenían por objeto detenerlo; “si me agarraban ahí, me llevaban, pero después no me buscaban, porque yo trabajaba en esa en esa época, estaba todavía trabajando, y si hubieran querido detenerme iban a la puerta de la fábrica y me llevaban”.
El segundo allanamiento, dijo que ya fueron directamente a buscarlo, porque le dijeron a su esposa, que si no presentaba en la comisaría la iban a llevar a ella; y cuando se presentó, conocía al oficial que lo atendió y le dijo que se vaya.
Luego de eso dijo que lo más extraño en ese allanamiento fue que le exhibieron a su esposa un papel con instrucciones de cómo se armaba una bomba molotov, y dijo que eso se sabía que durante la dictadura eran los mismos integrantes de las fuerzas quienes hacían eso. Y leyó unas anotaciones que llevó, como ayuda memoria, de sus compañeras y compañeros de militancia sindical, como secretario general del sindicato, y en el peronismo.
Y finalmente dijo que le dieron “el olivo cuando vino Videla, en el 76, porque ese permiso político (gremial) que me lo habían dado a través de una nota y todo eso, no quisieron reconocerlo, como hacían lo que querían los muchachos, entonces me echaron. Porqué, porque estaba en el sindicato y estaba en la política”, dijo en relación a su despido.
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El último testimonio de esta audiencia fue de modo virtual, de la testiga Adriana Graciela Zenobi, quien desde 1971 trabajaba en la Estación Experimental del INTA de Pergamino y fue despedida en el año 1976 junto a otras “muchas personas”, dijo Adriana, y agregó que recordaba que los telegramas hacían referencia a que los motivos eran por seguridad nacional. “Pienso que tendrían algún plan, que por eso nos echaron a tantos, pero eh no era algo de lo que yo tuviera conocimiento”.
Luego de eso hizo referencia a los traumas que le generó esa situación, porque al despido se sumaba que le habían dicho que tenga cuidado, que la situación era complicada, que podían detenerlos, que la policía los podía ir a buscar y otras amenazas similares.
“Por eso uno salía, yo andaba por la calle y escuchaba una sirena y me quería esconder porque tenía miedo que me fueran a buscar”, expresó conmovida.
Finalmente, recordó a compañeros suyos de aquellos años que habían sido perseguidos y despedidos, como Alejandro Curetot y Alberto Golberg, y algunos funcionarios del INTA que les habían comunicado los despidos.
La próxima audiencia se programó para el martes 19 de agosto a las 9 hs.