Luego de la feria judicial, este martes 3 de febrero se retomaron las audiencias testimoniales, el tribunal tomó declaración a Stella Maris Segado. La testigo de contexto ocupó el cargo de Directora de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. A partir del estudio de los archivos de la ex DIPPBA y de las Fuerzas Armadas, elaboró un informe sobre distintos circuitos represivos. 
Segado explicó cómo funcionó durante el terrorismo de Estado el aparato represivo y especialmente el sistema nacional de inteligencia que, como manifestó, “fue el nudo de la represión”, haciendo referencia a la importancia que revistieron las acciones de inteligencia desplegadas por las FFAA y las FFSS en todo el país para llevar a cabo el plan sistemático y generalizado de exterminio.
De esta manera, la testigo expuso sobre los órganos de inteligencia que formaron parte del sistema que funcionó en todo el país y que tuvo en sus más altos niveles de conducción a la Central Nacional de Inteligencia (C.N.I.)  y a la Secretaría de Inteligencia del Estado (S.I.D.E). A su vez, Segado explicó al tribunal cuáles fueron las funciones específicas de cada órgano, cómo se procedía ante un requerimiento y/o obtención de información, cómo era procesadas, la valoración de la misma y la constante y permanente comunicación entre los distintos organismos de inteligencia. Asi mismo, explicó cómo se llevaron a cabo planes de acción psicológica, en el marco de las tareas de inteligencia, tendientes a intervenir o actuar sobre los sentires de la población desde la utilización de un vocabulario específico, propagandas públicas y también ejerciendo un control de la población a través del terror y la clandestinidad.
Los hechos que se juzgan
El juicio por los pozos de Banfield y Quilmes unifica una serie de causas, la primera de ellas  elevada a juicio hace ocho años. Se trata de dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar. 
En el caso de El Infierno  se investigará la responsabilidad de cuatro policías de la Provincia de Buenos Aires y un civil por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, hechos incluidos dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, cometidos en el ex CCDyT “El Infierno” ubicado en Avellaneda.
El Tribunal Oral Federal N 1 de La Plata está conformado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basílico, mientras que por el Ministerio Público Fiscal intervienen Hernán Shapiro, Gonzalo Miranda y Juan Martín Nogueira. 
A través de la Dirección de Querellas por Crímenes de Lesa Humanidad y Leyes Reparatorias de la Subsecretaría de Derechos Humanos,  la Provincia es querellante en este debate en el que se investigará la responsabilidad de los imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, abuso sexual con acceso carnal y sustracción, retención y ocultamiento de menores.  La Dirección de Grupos en Situción de Vulnerabilidad acompana a las víctimas y familiares en este juicio.