Presentó la actualización de herramientas de control y vigilancia para garantizar la inocuidad de los alimentos bonaerenses. También analizó el avance de las importaciones y la caída de la actividad industrial.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, encabezó la reunión anual de la Comisión Provincial de Alimentos, un espacio que reúne a organismos provinciales y municipales, universidades, cámaras empresarias y colegios profesionales con el objetivo de promover la mejora continua del sistema alimentario y fortalecer la coordinación entre las distintas jurisdicciones.
“Para nosotros, la Comisión Provincial de Alimentos cumple una función fundamental: establecer un diálogo fluido y directo entre la Provincia y los municipios”, remarcó Javier Rodríguez. “Sabemos que en este campo existen responsabilidades, tareas y acciones que requieren una articulación permanente entre niveles de gobierno”.
La Comisión está integrada por áreas técnicas y científicas del ámbito municipal, provincial y universitario, cámaras industriales de alimentos y bebidas, colegios profesionales y laboratorios de la provincia. Según el ministro, este ámbito “permite impulsar el desarrollo sectorial y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de control, vigilancia y garantía de inocuidad de los alimentos que consumen los 17,5 millones de bonaerenses”.
Durante el encuentro se analizó la coyuntura del sector alimentario, marcada por la caída del PBI y de la actividad industrial local, el aumento del desempleo —que alcanzó el 7,9%, el nivel más alto desde 2022—, el cierre de industrias, despidos y suspensiones, la caída del consumo y la apertura indiscriminada de importaciones acompañada por recortes programáticos y desinversión productiva.
Los y las integrantes de la Comisión manifestaron especial preocupación por el proceso de desregulación del sector de alimentos y bebidas a nivel nacional. Uno de los puntos centrales fue la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), que hasta 2024 funcionaba como espacio federal de debate técnico y normativo. “Como saben, la disolución de la CONAL implicó una pérdida enorme. Esa instancia federal, donde todas las provincias opinábamos sobre normativa, políticas y acciones vinculadas a la inocuidad, dejó de existir. Lo vemos como un retroceso en términos de federalismo y funcionamiento del sistema de control alimentario”, afirmó Javier Rodríguez.
También se discutieron los efectos del Decreto 35/2025, que modificó el Código Alimentario Argentino y flexibilizó la importación de productos, permitiendo incluso que alimentos y envases con certificación de ciertos países ingresen al mercado local sin incorporarse al CAA. Esto genera —advirtieron— una prioridad de hecho para la producción extranjera sobre la nacional. Mientras los importados pueden comercializarse aun sin estar incluidos en la normativa argentina, las empresas locales deben esperar a que se concrete la primera importación para producirlos. Además, se eliminaron licencias, se redujeron aranceles y se desactivaron controles, promoviendo una tercerización del rol de contralor y una delegación de soberanía sanitaria y jurídica.
El impacto ya se ve en los números: las importaciones de alimentos para el hogar alcanzaron los U$S 1.921 millones en los primeros diez meses de 2025, un incremento interanual del 67,9% y del 54% respecto del mismo período de 2023.
Frente a este escenario, el Ministerio presentó la actualización del Plan Provincial de Vigilancia Alimentaria, una política integral impulsada por el MDA junto al Ministerio de Salud bonaerense para fortalecer la capacidad de control provincial ante la disolución de la CONAL. Javier Rodríguez destacó que la Provincia “sigue trabajando con más fuerza y de manera permanente porque garantizar la inocuidad de los alimentos es esencial para toda la población”.
El sistema provincial de control incluye fiscalización sanitaria priorizada por riesgo, auditorías y fiscalización de establecimientos, operativos en rutas y vigilancia en góndola. En la reunión también se detallaron los avances en gestión de evaluación de productos alimenticios: desde 2020 se multiplicó la capacidad de análisis, pasando de revisar 1 de cada 5 productos a analizar, en 2024, dos por cada uno que ingresa. Ese mismo año se modificó la metodología para evaluar los trámites diarios antes de su salida al mercado, evitando que se comercialicen alimentos sin cumplir la normativa. Incluso se superó la cantidad de trámites finalizados respecto de los ingresados.
Javier Rodríguez recordó la Resolución 150/2020, que creó el Registro Provincial de PUPAAs —Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales— mediante plataforma digital con identificación por QR y capacitación obligatoria. “Nuestra idea es contar con una normativa adecuada a las distintas escalas de producción, que garantice condiciones sanitarias sin que el tamaño de la producción se convierta en una barrera”, señaló. En ese camino, destacó avances como las ELEA —Establecimientos Lácteos de Elaboración Artesanal— y la nueva normativa para pequeños productores de chacinados.
El ministro valoró además las acciones de formación para áreas municipales de bromatología. “Para nosotros es clave fortalecer las capacidades de las áreas de control y vigilancia”, sostuvo. Y añadió que en un contexto de caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo, “la vigilancia de la inocuidad se vuelve todavía más importante”.
Javier Rodríguez cerró su presentación subrayando la importancia de sostener el trabajo conjunto: “Este ámbito no se agota en la reunión plenaria; continúa de manera permanente y forma parte de la cotidianeidad de la articulación entre todos los sectores involucrados”. En la misma línea, anunció que durante el encuentro Javier Cernadas presentaría nuevas iniciativas y acciones desarrolladas por el equipo provincial