Se trata de Gabriela y Silvia Núñez, hijas del militante y delegado sindical secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico militar en agosto de 1977.
Se estima que afectan a 4.000.000 de personas en el país. Desde el Estado se trabajará para mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento, capacitar e impulsar su registro en el sistema de salud.
