Se trata de Gabriela y Silvia Núñez, hijas del militante y delegado sindical secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico militar en agosto de 1977.
Las tareas, cuya inversión supera los 52 millones de pesos, mejorarán las condiciones de empleo para más de 180 trabajadores y generarán más de 100 puestos laborales.
