19 instituciones aportaron propuestas para actualizar este instrumento clave del sistema de contratación pública en la Provincia, incorporando las perspectivas de Integridad, Desarrollo Sostenible y Género y Diversidad.
Representantes de diversas universidades, sindicatos, cámaras empresariales, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil participaron de una nueva jornada de trabajo del Observatorio de Obras y Servicios Públicos, con el objetivo de construir aportes y consensos para el diseño de un pliego con perspectiva de integridad, desarrollo sostenible y género y diversidad.
La reunión, realizada el viernes 18 de julio, se enmarcó en el eje de “Simplificación, Normalización y Mejora de los Procesos” e integró también los ejes de Integridad, Desarrollo Sostenible, Género y Diversidad, ante la centralidad del instrumento en el sistema de contratación pública y la expertise específica de cada uno de estos grupos de trabajo para la incorporación de dichas perspectivas en el modelo de pliego.
En ese sentido, Miriam Ivanega, directora de la Maestría en Derecho Administrativo del Observatorio de Contratación Pública de la Universidad Austral, fue una de las expositoras principales y compartió criterios fundamentales para el diseño del nuevo modelo. Enfatizó que los pliegos deben dialogar con la nueva Ley de Obra Pública en construcción y promover la transparencia desde su diseño. “La simplificación no quiere decir no transparentar, no hay que perder de vista la transparencia”, afirmó; y también señaló que las cláusulas deben ser viables operativamente y estar pensadas en función de los actores involucrados: “En primer lugar, la ciudadanía; luego, las y los contratistas; y - en tercer lugar - el Ministerio”.
A continuación, Natalia Torres, Directora Provincial de Integridad y Transparencia del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos presentó la propuesta de pliego trabajada por los equipos técnicos, con aportes de las Direcciones Provinciales de Compras y Contrataciones, Integridad y Transparencia, Género y Diversidad, y Desarrollo Sostenible. El modelo presentado incluye cláusulas específicas en materia de cumplimiento ambiental, integridad empresarial, inclusión laboral, participación ciudadana y acceso a la información. Entre otras propuestas, contempla la incorporación de responsables ambientales dentro de las empresas contratistas, la obligación de presentar planes de gestión ambiental y social, y la necesidad de establecer un código de ética aplicable tanto al Ministerio como a sus proveedores.
Durante el intercambio, las instituciones participantes validaron y ampliaron las recomendaciones que orientan la modernización del instrumento. Uno de los puntos más reiterados fue la necesidad de contar con pliegos claros, precisos y alineados con la capacidad real de ejecución. “La claridad en los proyectos que se licitan es esencial para reducir confusiones y garantizar una contratación efectiva”, subrayó Alejandro Metro, vicepresidente de la delegación bonaerense de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).
En esa misma línea, se propuso reducir los pasos administrativos en etapas como la redeterminación de precios, establecer plazos estrictos y realistas para responder a obras de emergencia, y contar con controles internos que detecten errores sin frenar los procesos.
Otro punto clave fue la incorporación de herramientas tecnológicas y criterios de trazabilidad que no generen nuevas barreras, sino que mejoren el desempeño de los procesos y refuercen la transparencia. En materia de sostenibilidad, las propuestas se enfocaron en la incorporación de indicadores públicos y medibles en materia ambiental, social y de género; la evaluación de riesgos e impactos de cada obra; y la inclusión de mecanismos de suspensión preventiva ante incumplimientos ambientales. “Es importante incorporar medidas de transparencia empresarial y participación ciudadana en proyectos con impacto ambiental crítico”, agregó Inés Castresana, de Fundación Poder Ciudadano.
Por su parte, Fabián De la Fuente, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) sostuvo que “la obra pública debe concebirse como una herramienta de formación territorial integral, que equilibre necesidades técnicas con infraestructura accesible e inclusiva”.
También se planteó la incorporación de cláusulas que fomenten la contratación de mano de obra local y regional, además de sentar criterios que reconozcan la diversidad familiar y territorial de las personas trabajadoras.
La actualización del pliego forma parte del proceso participativo impulsado por el Observatorio para elaborar el anteproyecto de una nueva Ley de Obra Pública provincial. Como norma particular del contrato, el pliego integra el sistema jurídico que se está revisando, y su reformulación resulta clave para garantizar coherencia entre la futura ley y los instrumentos operativos que la materializan.
Actualmente, el MINFRA utiliza como modelo base el Pliego de Condiciones Particulares aprobado por la Dirección Provincial de Arquitectura en el año 2017. Sobre este punto, Astor Rodríguez, director provincial de Compras y Contrataciones, señaló que “ese pliego hoy resulta insuficiente para incorporar los cambios sociales, tecnológicos y normativos de los últimos años”, y agregó: “la intención es que este nuevo pliego no solo permita contratar una obra, sino que exprese un valor público, un impacto económico, social y ambiental positivo”.
Estuvieron representadas la Asociación Argentina de Estudios de la Administración Pública, CAMARCO – Delegaciones Buenos Aires y Mar del Plata, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Fundación Poder Ciudadano, Fundación UOCRA, Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de Hurlingham, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional del Sur y Universidad Provincial de Ezeiza, entre otras.
También participaron autoridades del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos: Mariano Zorzoli, director provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública; Verónica Boletta, directora provincial del Registro de Licitadores; Carlos Amánquez, director provincial de Planificación y Gestión para el Desarrollo Sostenible; María Pía Vallarino, directora provincial de Género y Diversidad en Infraestructura y Servicios Públicos; e Ileana Moriconi, directora de Contrataciones de Obra Pública.
Con los aportes institucionales incorporados y la revisión del equipo técnico del Ministerio, el modelo de pliego continúa en elaboración. Una vez finalizado el documento, será puesto a consideración del Consejo de Obras Públicas de la Provincia y de los organismos provinciales de asesoramiento y control, como parte del proceso de validación institucional previo a su implementación.