El Observatorio de Obras y Servicios Públicos convocó a diversas áreas para sumar sus aportes técnicos y jurídicos al anteproyecto de Ley de Obra Pública en elaboración.
En el marco del 4º encuentro del Eje “Simplificación, Normalización y Mejora de los Procesos”, el Observatorio reunió a los organismos de control y asesoramiento provinciales, junto a universidades, cámaras empresarias, sindicatos, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil que lo integran. El objetivo fue enriquecer el anteproyecto de Ley de Obra Pública de la Provincia con propuestas que aseguren solidez jurídica, agilidad operativa y legitimidad social.
De la jornada participaron Santiago Pérez Teruel, Asesor General de Gobierno; Mariano Puente, Secretario Letrado de la Secretaría Letrada 3; Carlos Francisco Baleztena, Contador General de la Provincia; y Blas Szelagowski y Lucas Zudaire, representando a la Subsecretaría en lo Administrativo y Contencioso de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
En representación de las instituciones del Observatorio estuvieron presentes referentes de la Asociación Argentina de Estudios de la Administración Pública, CAMARCO Delegación Bahía Blanca, CAMARCO Delegación Provincia de Buenos Aires, Colegio de Arquitectos de la PBA, Fundación UOCRA, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional del Delta, Universidad Nacional del Hurlingham, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional del Noroeste, Universidad Nacional del San Martín, Universidad Nacional del Sur, Universidad Pedagógica Nacional, entre otras.
Y por parte del Ministerio, participó Guillermo Sauro, subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, junto a directoras y directores provinciales vinculados a la temática.
Durante la apertura de la jornada, Sauro destacó que la elaboración participativa del anteproyecto se inscribe en el modelo de gestión de calidad estatal y valor público del Ministerio, que contempla la simplificación, normalización y mejora continua de los procesos. En este marco, y de manera complementaria al anteproyecto, el MISP avanza en la certificación de calidad bajo normas ISO y en el desarrollo de la contratación electrónica.
En tanto, Santiago Pérez Teruel presentó un aporte central al proponer cuatro ejes para la modernización de la Ley de Obra Pública: definir el ámbito de aplicación y los regímenes contractuales, fortalecer el régimen de ejecución y contratación, dar respaldo legal a las modalidades de extinción de contrato y asegurar el mantenimiento de la ecuación económico-financiera.
“La actualización normativa debe abarcar todas las fases del ciclo de la obra pública, incorporando criterios modernos de transparencia y participación, porque la ciudadanía exige respuestas inmediatas y previsibles del Estado”, afirmó.
Por su parte, Carlos Francisco Baleztena compartió la experiencia de la Contaduría frente a la estandarización de pliegos y procesos de contratación, señalando que estos avances agilizan trámites, evitan duplicaciones y brindan mayor previsibilidad. “La tecnología es un aliado central para hacer más ágiles los controles y asegurar que la obra llegue a su finalización sin demoras”, destacó.
Desde la Fiscalía de Estado, Blas Szelagowski y Lucas Zudaire remarcaron que la ley vigente debe modernizarse para responder a los desafíos actuales. Asimismo, subrayaron la necesidad de dar solidez legal a prácticas habituales, crear un régimen simplificado de contratación para obras menores y mantenimiento, objetivar los criterios de adjudicación más allá del precio e incorporar figuras como la rescisión por mutuo acuerdo.
Los tres organismos coincidieron en que la reforma debe unificar y simplificar procedimientos, clarificar responsabilidades en la etapa de diseño de proyectos, digitalizar y automatizar trámites y prever mecanismos que garanticen la continuidad de las obras. Este consenso constituye un avance significativo, al aportar bases técnicas y jurídicas para consolidar un anteproyecto con mayor previsibilidad, seguridad y capacidad de gestión.
El encuentro también sumó los aportes de las instituciones que integran el Observatorio. En ese sentido, el vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Delegación Provincia de Buenos Aires), Alejandro Metro, destacó que “celebramos que la discusión se dé en un marco plural y participativo, porque la ley de obra pública es la ley madre para nuestro sector”.
Las universidades remarcaron, a su vez, la importancia de contemplar en la nueva norma mecanismos específicos para obras menores, mantenimiento y emergencias asociadas al impacto del cambio climático.
Sauro sostuvo que “los problemas de políticas públicas son complejos y requieren consensos para dar respuestas profundas y sostenibles. El Observatorio es el espacio que nos permite construir esos consensos y repensar el marco normativo de la obra pública con una mirada integral y estratégica”.
Hasta diciembre se realizarán nuevas reuniones temáticas que permitirán consolidar un documento final y presentar el anteproyecto de Ley de Obra Pública en el plenario de cierre de año, reafirmando al Observatorio como un espacio plural y participativo que fortalece las políticas de obras y servicios públicos de la provincia.