Con el fin de garantizar el estricto respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, firmó ayer un convenio con el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Santiago López Medrano.
El acuerdo prevé un aporte del gobierno nacional de 20 millones de pesos para financiar obras de infraestructura en los institutos de menores de la provincia, que permitan mejorar las condiciones habitacionales y brindar, además, solución a la situación de deterioro y la carencia de servicios básicos como agua potable, conexión cloacal, instalación eléctrica, delimitación perimetral y medidas de seguridad e higiene.
López Medrano explicó que "para nosotros es muy importante este convenio que permite la transferencia de 20 millones de pesos para obras esenciales. La Provincia de Buenos Aires es la jurisdicción con mayor cantidad de jóvenes en conflicto con la ley penal, y en sus centros hace muchos años que no se hacen obras de infraestructura, de ahí el valor que tiene este acuerdo".
Por su parte, Garavano afirmó: “Apoyamos el trabajo muy fuerte que está realizando la provincia en materia de prevención y abordaje integral de jóvenes en conflicto con la ley. Buenos Aires está haciendo un esfuerzo enorme y tiene un gran desafío por delante”.
Los ministros coincidieron en la necesidad de tener una justicia más cercana a la comunidad, que resuelva los conflictos que se sometan a su entender con eficacia y rapidez y asumieron el compromiso de adoptar las mejores prácticas en lo que se refiere a modelos y procedimientos para asegurar la calidad, la mejora continua de los sistemas judiciales provinciales y la incorporación de tecnologías para garantizar un servicio de justicia cercano, moderno e independiente.
Cabe recordar, que los trabajos se ejecutarán a través del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, que tiene a su cargo los centros de alojamiento de jóvenes en territorio bonaerense, de Recepción y Cerrados (de privación de libertad) y de Contención (semi-libertad), que albergan a más de la mitad de la población nacional de jóvenes en conflicto con la ley.
