Participaron la subsecretaria Técnica Administrativa y Legal, Victoria Anadón y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias del Sector Salud, Julieta Calmels.
El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y el presidente de la Suprema Corte, Eduardo de Lázzari, mantuvieron ayer una reunión en la que abordaron la híperjudicialización de la salud, la necesidad de capacitación de agentes de Justicia en casos que requieren conocimientos médicos y la garantía de derechos para las personas con padecimientos de salud mental y consumos problemáticos.
Del encuentro, que se realizó en la sede del máximo tribunal provincial ubicado en el Palacio de Tribunales de la ciudad de La Plata, participaron, también, la subsecretaria Técnica Administrativa y Legal del ministerio de Salud bonaerense, Victoria Anadón, su asesora, Fernanda Crespo, y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias del Sector Salud, Julieta Calmels.
“Venimos notando maniobras de grupos concentrados, sobre todo propietarios de laboratorios, que encuentran en la judicialización de la salud una forma de espolear los sistemas públicos y de la seguridad social”, explicó Anadón y detalló que muchas veces, por desconocimiento, la Justicia da lugar a amparos para que se autorice la compra de tratamientos que no tienen real efectividad o cuyos elevadísimos costos no se justifican ni están demostrados”.
En ese sentido, explicó que durante la reunión se planteó una estrategia conjunta que permita capacitar a los operadores judiciales, porque “si bien la Suprema Corte no puede decirle a los jueves cómo fallar, sí puede ofrecerles las herramientas necesarias para que fallen con la mayor información y el mejor criterio posible”, agregó Anadón.
DESMANICOMIALIZAR
Por otra parte, coincidieron en la preocupación por mejorar las condiciones y la autonomía de las personas con padecimientos de salud mental y en la necesidad de avanzar en la desmanicomialización que plantea la ley vigente. En este momento, si bien el número es variable, los hospitales neuropsiquiátricos públicos de la Provincia registran unos 1.700 pacientes internados.
“Compartimos la necesidad imperiosa de avanzar hacia otro tipo de instituciones, por eso es necesario que desde el Poder Ejecutivo nos comprometamos en los cambios que son necesarios y que desde el ámbito judicial se revean las decisiones que hacen a la determinación de la capacidad jurídica de las personas, acordes al nuevo Código Civil de la Argentina”, explicó Calmels.
Por otra parte, se abordó el tema de las adicciones o consumo problemático de sustancias y se planteó que el criterio de internación para las personas que los padecen debe ser privativo del equipo de salud: “Encontramos prácticas propias del Poder Judicial que determinan internaciones cuando la leyes ya plantean que esa evaluación la tienen que hacer en todos los casos los profesionales de la salud”, explicó la subsecretaria. Y agregó que “necesitamos que esto se revea para que las internaciones tengan un criterio de salud y que los jueces contribuyan, en todo caso, en el control de legalidad y en la garantía de derechos de los pacientes pero no en la indicación de internación