Se trata del cuarto juicio de la causa conocida como Sain Amant donde ahora se juzgan delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar contra 74 víctimas, en la jurisdicción del Área Militar 132 que abarcaba gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires, como los partidos de San Nicolás, Baradero, San Pedro, Ramallo y Pergamino. 

El nombre de esta megacausa es por el ex-coronel Manuel Fernando Saint Amant, al mando durante la dictadura del Área Militar 132, y que falleció en marzo de 2016 en el penal de Ezeiza mientras cumplía prisión perpetua desde 2012, luego de ser condenado ese año en el primer debate de la causa.

Desde esa instancia, ya fueron condenados 16 represores y la última condena fue en 2020. Ahora el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, integrado por Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario, dio comienzo a este cuarto juicio luego de suspenderse su comienzo hace tres semanas.

A los acusados se les imputan los crímenes de secuestros, torturas y asesinatos. Entre los 12 imputados  hay responsables del Área Militar 132, integrantes de las delegaciones locales de la Policía Federal y de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA).

Se trata de los exintegrantes del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás Antonio Federico Bossie (excapitán, prestó funciones de oficial de Operaciones y oficial de Inteligencia), Guillermo Aníbal Piccione (excapitán, cumplió las funiciones de oficial de Logística y de Personal) y Bernardo Luis Landa (exteniente primero, se desempeñó como oficial de Logística); el exintegrante del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás Omar Andrada (exteniente coronel, fue jefe del organismo); los excabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal Hubo Bellet, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla; y los exoficiales de la delegación San Nicolás de la Dirección General de Inteligencia de la Policía bonaerense Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi,  y el ex subteniente a cargo de la sección antisubversiva, Carlos Manuel Biglieri.

De este modo, en esta primera audiencia del pasado jueves 14 de marzo, se requirió apertura del debate oral, se leyeron los resúmenes de elevación a juicio de la fiscalía pero luego se suspendió el transcurso de la audiencia porque convocaron al Tribunal a la implementación del nuevo Código Federal.

Asimismo, la fiscalía planteó, y la Subsecretaría también va a reponer, “que se pueda dar a publicidad el debate oral, sobre todo teniendo en cuenta las recomendaciones de la Cámara Federal de Casación Penal del año 2022, sobre las segundas reglas prácticas para los juicios de lesa humanidad,  que es importante que se conozcan ya que solamente tiene las limitaciones de cuando las víctimas no quisieran, por temor o por cuestiones de pudor, que se conozcan las declaraciones. Excepto esos casos centrales, en lo demás aspectos deberían ser pública”,   expresó la abogada de la Subsecretaria de la Derechos Humanos de la Provincia, Verónica Bogliano. 

Se estima que la duración total del debate será superior a un año, sin perjuicio de la posible ampliación del número de casos.

La próxima audiencia está pautada para el lunes 25 de marzo sin lugar definido aunque se solicitó que sea en San Nicolás porque se espera la presentación de testimonios de casos de esa localidad.