El titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, Miguel Ángel Palazzani inició la exposición en la audiencia 89 del debate judicial que se desarrolla en Bahía Blanca desde febrero de 2022, y aclaró: “nos toca comenzar este alegato, en un momento particular. Son 30.000. Digo que son porque los seguimos buscando. Los 30.000 es una exigencia de repuesta al Estado. La cifra está abierta. Como funcionarios del Estado democrático, seguimos sosteniendo que son 30.000. Seguimos trabajando para construir memoria, buscar la verdad, conocer el destino de los desaparecidos, los bebés apropiados, realizar la justicia, combatir la impunidad y consolidar un efectivo Nunca Más”.

El Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) de Bahía Blanca juzgará a 36 imputados ya que trece acusados fallecieron desde la elevación a juicio ycinco murieron desde que inició el debate. Son militares y policías a los que se les atribuyen delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales, cometidos contra 333 víctimas durante la dictadura cívico militar en el sur de la Provincia de Buenos Aires y la Patagonia.

Palazzani afirmó que “hay una ausencia de reparación real, una pérdida de la dimensión humana. Una distorsión en el abordaje de esa experiencia: no es lo mismo tener a un acusado por zoom que a un joven en la sala de torturas”.  Y agregó “un detalle: tenemos un imputado que integraba un grupo que cometió crímenes de lesa humanidad. Este acusado, realizó en democracia una cámara oculta a un Juez Federal. Si hoy ese es el piso, me cuesta imaginar el techo que tenía cuando era comisario de la Policía de la provincia de Buenos Aires”. Se puede deducir que el fiscal se refería al imputado Claudio Kussman, quien fue oficial principal de seguridad en la Unidad Regional V de Bahía Blanca, que dependía de la Dirección General de Seguridad de la Policía bonaerense.

En la introducción de contexto realizada por el fiscal, Palazzani detalló que en esta Mega Causa “declararon 188 testigos. Hay 333 víctimas, de las cuales 248 aún esperan reconocimiento de sus padecimientos y reparación. 21 no han podido velar los restos de sus seres queridos. También se investiga el robo de dos bebés nacidos en cautiverio en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) “La Escuelita” y la agresión sexual a cinco mujeres, sin dejar de decir que esos abusos fueron generalizados”.

“El plan era único para todas las fuerzas: aniquilar”

Posteriormente, el Auxiliar Fiscal Pablo Fermento, continuó con el alegato en la sede del TOCF de Bahía Blanca, para así explicar cómo se planificó la construcción del enemigo interno y la doctrina de seguridad nacional: “Es necesario remitirse una década atrás al inicio de la dictadura, donde hubo diferentes leyes y directivas (…). Estas normas con pautas generales se fueron desagregando en normativas más específicas que reglamentaron todos los aspectos de la misión de exterminio, y lo hicieron específicamente para cada fuerza, y dentro del Ejército, para cada nivel territorial: país, comando de zona, comando de subzona, jefatura de área, etc. Vamos a observar con claridad un tópico fundamental, que es la existencia de estructuras y sub-estructuras, con distintos niveles de autonomía y coordinadas entre sí: había una dirección centralizada y una ejecución descentralizada”.

“Secuestros, torturas, eliminación física, fue la concreción de las directivas y de una especie de doctrina que se dictaron a mediados de la década del 60. Todo lo que hacían tenía un correlato, respondía a los reglamentos sobre la técnica que debían operar. No son conceptos simbólicos. Nunca van a decir que había que torturar, pero sí que extraigan información y rápido para la misión de aniquilar. Las víctimas hablan incansablemente de las torturas que padecieron”.

El argumento del Ministerio Público Fiscal sostiene que “había un gran plan que consistía en la eliminación del oponente; que habilitaba y requería de pequeños planes específicos en los territorios, siempre con libertad de acción de los mandos inferiores. Esto nos permite entender mejor las formas de participación criminal y este aspecto también es utilizado por las defensas de los imputados en todos los juicios para descargar responsabilidades. En este caso, hay un pase de estas de un nivel a otro: del Batallón 181 al Comando V Cuerpo; del Comando al Destacamento 181 y al Batallón 181. Va a ser un eslogan del ‘nadie fue’, ‘yo no fui’”, remarcó Fermento. 

“El plan era único para todas las fuerzas: aniquilar. Nunca vamos encontrar un documento que hable de exterminio, que hable de torturas, se utilizan eufemismos que no pueden tener otra lectura u otra implementación que a través del asesinato y la desaparición de personas. Está probado en otros juicios y en este también lo vamos a probar”, aseguró el Auxiliar Fiscal.

“Ejercen su derecho constitucional de defensa, mintiendo”

Luego de un cuarto intermedio, la Auxiliar Fiscal Paula Molini, realizó un repaso de las directivas e ideas rectoras del Ejército en relación a las acciones en ‘la lucha contra la subversión’.

“Aunque parezca una obviedad: la responsabilidad implicaba conocimiento, acción y control. Este concepto de responsabilidad por jefatura sella la suerte de los imputados. Lo único que les faltó negar es que eran parte de las Fuerzas Armadas. Luego negaron todo: la existencia y conocimiento de las directivas y la existencia de la lucha contra la subversión como tal”, expresó Molini.

En varias audiencias durante el 2023, las defensas particulares propusieron testigos de concepto: “Escuchamos a supuestos expertos militares traídos para que nos mientan, y nos nieguen lo obvio: que existía una misión totalmente prioritaria de exterminio, reglamentada al detalle desde principios de la década, que concernía a todos los elementos de todas las Fuerzas”, afirmó la Fiscal.

Molini explicó que “en cada nivel jurisdiccional se debían formar equipos especiales para cumplir las misiones. En Bahía Blanca y la zona no existían unidades de infantería, caballería ni artillería. ¿Quiere decir esto que la Subzona y el Área carecieron de estos Grupos de Tarea?”, preguntó la fiscal mientras miraba a los jueces en la sala. “La respuesta es evidentemente negativa: a nivel subzona, se creó la Formación Tropa; a nivel área, se formó la compañía Mayor Keller; y a nivel jurisdiccional, se utilizó a la policía bonaerense”.

Antes de finalizar su alocución, la Auxiliar Fiscal indicó que “como contrapartida, en el campo de las excusas de los genocidas, tenemos el ‘no supe nada’, ‘no me enteré de nada’. Esto nos convoca a un ejercicio de preguntarnos cómo fue la sucesión de días durante más de un año para cada uno de los imputados:puede ir un día al lugar de servicios y no enterase, pero no puede permanecer un año sin saberlo. Es extraño. No nos queda más que concluir que ejercen su derecho constitucional de defensa, mintiendo”.

“Los CCDTyE son el denominador común”

Por último, el equipo del Ministerio Público Fiscal consideró oportuno aclarar que antes de ingresar al tratamiento de los casos individuales de las víctimas, expondránsobre los lugares donde se cometieron delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca: los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio.

“Los 333 casos que conforman el objeto procesal de este juicio han sido organizados metodológicamente por Centros Clandestinos, tanto para el ordenamiento de las declaraciones testimoniales durante el debate, como también así en el presente alegato.Esta elección es fundamental porque los CCDTyE son el denominador común de todas estas historias de tortura y de muerte. En este sentido, el tratamiento de los casos bajo este orden nos permitirá observar las claras concordancias y los correlatos entre los testimonios de los sobrevivientes, lo cual le asigna mayor eficacia a cada uno de ellos”, expresó Pablo Fermento.

El Auxiliar Fiscal explicó que “la Jefatura del Área 511, a travésdel Batallón de Comunicaciones 181, organizó los medios para que, durante los años 1976 y 1977, sus instalaciones funcionaran como Centro Clandestino de Detención,Tortura y Exterminio. Por estos espacios pasaron 84 víctimas de este juicio, además de decenas de otros ciudadanos cuyos hechos fueron juzgados en otros procesos o aún son materia de investigación. Es decir que son más de 130 las víctimas que estuvieron cautivas en el Batallón, de acuerdo a lo que ha podido registrarse en estas investigaciones judiciales”.

“El funcionamiento del gimnasio y otros espacios del Batallón de Comunicaciones 181 como CCDTyE es un hecho que a esta altura no ofrece ningún tipo de controversia, en tanto no solo ha quedado acreditado en tres sentencias definitivas, dos de las cuales se encuentran firmes (“Bayón” y “Stricker”), sino que la prueba producida en este debate no ha hecho más que confirmar y reforzar esta verdad histórica”. Fermento describió el funcionamiento de estos espacios a través de los distintos testimonios brindados durante las jornadas de debate en este octavo juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca. En la próxima audiencia, continuará con el tratamiento de los hechos denunciados en CCDTyE “La Escuelita”, entre otros.

Próximas audiencias

Durante abril, las audiencias se concretarán el 15, 18 y 25 del mes en curso. El debate en Bahía Blanca se puede seguir de manera presencial en el TOCF de Lavalle y Chiclana con presentación del DNI o a través del canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos: www.youtube.com/derechoshumanospba

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a través de las abogadas Verónica Bogliano y Alejandra García, y el abogado Sebastián Metz, junto a la abogada Mónica Fernández Avello, Anahí Junquera y Alejandra Santucho de la agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca, son querellantes en este juicio de lesa humanidad, el más grande en la historia de la provincia de Buenos Aires, conocido como Megacausa Zona V.