Luego de tres jornadas suspendidas por el temporal que azotó a Bahía Blanca y la región, se realizó la audiencia 79 del juicio que tiene, actualmente, 38 imputados y comenzó en febrero de 2022. La sesión continuó con la ampliación de la declaración indagatoria del imputado Páez, condenado en la Causa Bayón en 2012, quien utilizó dos jornadas completas para expresar sus ideas, no siempre relacionadas con el objeto procesal de la causa.

La jornada del 21 de diciembre fue la última audiencia del 2023 y se retomarán las sesiones de debate el 1 de febrero luego de la feria judicial de verano. Vale la pena resaltar que es el mayor juicio por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura realizado hasta el momento en la ciudad y se juzgan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y delitos contra la integridad sexual cometidos en el V Cuerpo de Ejército.

Durante las últimas sesiones del año, posteriores a las inspecciones oculares, varios imputados ampliaron sus declaraciones indagatorias, la mayoría sin responder preguntas de la fiscalía ni las querellas. Algunas alocuciones fueron breves y otras, extensas y dilatorias.

En un primer momento, se especuló que el inicio de los alegatos del Ministerio Público Fiscal comenzarían a mediados de diciembre pero esto no se dio así por la extensión de las ampliaciones de los imputados.

Inspecciones oculares

Fueron dos y se desarrollaron el 8 y 9 de noviembre, luego de las testimoniales propuestas por las diferentes partes, en el marco de una medida complementaria en el marco del juicio de la Megacausa Zona V, donde se investigan crímenes contra más de 300 víctimas.

La primera se concretó en la Unidad Regional 5ta. de la Policía de la provincia de Buenos Aires, ubicada en calle Av. Alem al 800 en Bahía Blanca. Fue solicitada por el imputado Claudio Kussman, quien está acusado por el asesinato y la desaparición de Daniel Bombara. La otra inspección se llevó a cabo en el Batallón de Comunicaciones 181 del V Cuerpo de Ejército y el Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDyT) “La Escuelita”, con la presencia de testigos víctimas, ex conscriptos y un imputado.

Ambas jornadas se realizaron sin la presencia de varios trabajadores de prensa que se encontraban acreditados por el Tribunal pero a último momento no les permitieron el ingreso a pesar del compromiso asumido de no realizar ningún registro audiovisual.

Entre las víctimas que participaron de la inspección, estaban Julio Lede y César Horacio González, quienes realizaron el recorrido junto a las profesionales psicólogas del Equipo de Acompañamiento y Asistencia a Víctimas testigos y Querellantes en Juicios por delitos de Lesa Humanidad, "Dra. Silvia Bleichmar”, perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Lede, oriundo de Huanguelén, quien fue mantenido en cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181 y en el CCDyT “La Escuelita” en la última dictadura cívico militar, expresó: “Recorrer los lugares donde me arrebataron mis derechos desde la omnipotencia del poder del Estado usurpado, me trajo la sensación de que hoy lo necesario es mantener las instituciones dentro de la democracia para no permitir la repetición de esas iniquidades. También hacer los aportes propios en esta búsqueda de verdad y de justicia. Lo vivido lo relaté con mucho detalle en los juicios porque son vivencias muy fuertes grabadas en la memoria”.

Por su parte, González, también de Huanguelén, amigo de la infancia de Lede, era estudiante universitario en La Plata en 1976 y fue requerido por el Ejército. Estuvo siete días en el Batallón y luego de la inspección ocular, dijo: “Desde el momento en que nos convocaron a dar nuestro testimonio en la causa nos sentimos con la obligación de ir, con la obligación moral de luchar por la memoria, la verdad y la justicia. Volver al Batallón, fue recordar el trasladado en avión, la caminata después en Jeep y hasta el lugar en donde me pusieron con una colchoneta en el pasillo. Fue revivir la experiencia de lo que fue ese tiempo de detención ahí, recordar la experiencia de subir al primer piso para el interrogatorio en el que tenía una venda y cada tanto me ponían una pistola en la sien”.

“Como experiencia me resultó muy importante, sentí que estaba contribuyendo con memoria, verdad y justicia. Teníamos 18 años y estábamos estudiando y una mirada de querer una sociedad más justa”, concluyó González. El juicio retomará las audiencias en 2024, precisamente el jueves 1 de febrero a las 9 horas con las ampliaciones indagatorias de los imputados Sierra y Villanueva. Luego, comenzarían los alegatos del Ministerio Público Fiscal.

El debate en Bahía Blanca se podrá seguir de manera presencial en Lavalle y Chiclana con presentación del DNI o a través del canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos: www.youtube.com/derechoshumanospba 

El juicio

 Los 38 imputados son ex miembros del Ejército, en su mayoría oficiales de la jefatura del V Cuerpo del Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181, ex integrantes de fuerzas de seguridad y agentes penitenciarios. Dos de ellos fueron profesionales de la salud del Ejército, Luis Fortunato Adalberti y Adalberto Osvaldo Bonini, acusados de realizar la atención médica de las víctimas del centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de las abogadas Verónica Bogliano y Alejandra García y el abogado Sebastián Metz, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca, son querellantes en este juicio de lesa humanidad, el más grande en la historia de la provincia de Buenos Aires, conocido como Megacausa Zona V.

De los 52 imputados iniciales, 12 murieron y dos fueron declarados incapaces, Jesús Salinas y José María Martínez. La mayoría de ellos integraban el V Cuerpo de Ejército, cuya jurisdicción abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y estaba compuesto, entre otros, por el Destacamento de Inteligencia 181, el Batallón de Comunicaciones 181, la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén y el Centro Clandestino de Detención y Tortura “La Escuelita” ubicado en Bahía Blanca.

Además, se juzgarán a dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, a un miembro de la Policía bonaerense y al director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca, como así también las responsabilidades de un médico y un enfermero del Ejército.

El TOCF de Bahía Blanca está integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido y juzgará a 38 imputados: militares y policías acusados por delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales, cometidos contra 334 víctimas durante la dictadura cívico militar en el sur de la Provincia de Buenos Aires y la Patagonia.