Se trata de un hecho jurídico histórico. La subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires es querellante en la causa.
La Justicia Federal de Tierra del Fuego procesó a cuatro militares por imposición de torturas a soldados durante la guerra de Malvinas. La decisión fue tomada por la jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, quién procesó a Miguel Ángel Garde; a Belisario Gustavo Affranchino Rumi; a Gustavo Adolfo Calderini; y a Eduardo Luis Gassino por los delitos de imposición de tormentos en varios hechos en perjuicio de conscriptos que se fueron involucrados en el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982.
A su vez, la jueza ordenó la traba de embargo sobre los bienes de Garde por la suma de 5 millones de pesos, y sobre los bienes de Calderini, Affranchino Rumi y Gassino por la suma de 1 millón de pesos.
La decisión judicial constituye un punto de inflexión en el trámite de la causa 1.777/07 caratulada “Pierre Pedro Valentín s/ delito de acción pública” que desde 2007 trámite ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y que a la fecha cuenta con 95 militares denunciados por 105 casos, cometidos contra más de 120 víctimas.
La decisión de Borruto sostiene la hipótesis de esta Subsecretaría respecto de la naturaleza de los crímenes, enmarcándolos como delitos de lesa humanidad.
Además de la Subsecretaría son querellantes en el expediente el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria.