Pidió que se investigue la responsabilidad empresarial y todas las desapariciones forzadas. Solicitó prisión perpetua para Pacífico Luis Britos, y 20 años de prisión para Sánchez y Caimi.
En la audiencia 17 de este martes 24 de junio del juicio por los hechos ocurridos en Campo de Mayo - Área 400, Derechos Humanos de la Provincia es querellante representada por Verónica Bogliano y Julia Inés Moras y comenzaron adhiriendo a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal representado por Gabriela Sosti y por lo presentado por Pablo Llonto y solicitó que se amplíen las investigaciones en este juicio que comenzó en octubre del 2024 con el tramo 17° de la Megacausa.
Los hechos que se juzgan fueron perpetrados durante la última dictadura cívico militar y los imputados son los represores Pacífico Luis Britos, Horacio Rafael Sánchez, y Carlos Daniel Caimi y lo lleva cabo el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín, a cargo del juez Daniel Omar Gutiérrez y de las juezas María Claudia Morgese y Silvina Mayorga.
Luego de agradecer la difusión de los juicios de lesa humanidad y remarcaron la importancia para “contrarrestar el negacionismo explícito que emana desde el poder ejecutivo nacional y que es amplificado por los medios hegemónicos”, hicieron hincapié en el delito de genocidio y el de desaparición forzada de personas, porque es la figura que entendieron que expresaban de mejor manera cómo ocurrieron los hechos que se están juzgando; como también los delitos sexuales, para ser entendidos en clave de género cómo delitos autónomos.
A modo de contexto, también las letradas en representación del Poder Ejecutivo Provincial a través de esta Subsecretaría de Derechos Humanos, señalaron la particularidad de este alegato en cuanto existe la imposibilidad de realizar la presentación conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “No podemos ignorar que en este contexto de ajuste, que los despidos de las y los letrados querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación trajo, y traerá, muchas consecuencias para el avance de estos juicios”, expresaron.
Como también, tal cual mencionó Sosti en su alegato, cuando hizo referencia a la construcción del "enemigo" para la implementación del sistema de exterminio padecido en nuestro país, coincidieron que es un proceso peligroso que pretende transformar a ese sujeto, “considerado ajeno al colectivo social, demonizarlo, adjetivarlo peyorativamente, para despertar los peores instintos y justificar la eliminación del diferente, convirtiéndolo en el chivo expiatorio de hordas irracionales. Hoy vemos un resurgimiento alarmante de la estigmatización, la exclusión y la persecución, apuntando a la eliminación de quienes son calificados de "enemigos". Y todo esto simplemente pensar distinto”, señalaron.
Es así que en estos tiempos asistimos a un odio difundido en serie por los principales medios de comunicación que contribuyen a crear escenarios y situaciones inadmisibles para la vida democrática. En ese contexto, remarcaron “el intento de asesinato de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, cuando estaba en ejercicio de la vicepresidencia, un hecho que consideramos de carácter eminentemente político y que, sigue sin investigarse a sus responsables intelectuales. Ese mismo odio ha derivado en la reciente condena y proscripción”.
En ese terreno y como contraste, las letradas remarcaron la importancia de seguir adelante con los juicios de lesa humanidad, respetando todas las garantías de los imputados, más allá de entender que en muchos casos, estos procesos han sufrido dilaciones injustificadas por parte de distintos operadores judiciales.
En este sentido, la querella se ocupó de señalar que todos los hechos que han salido a la luz durante el desarrollo del debate y que configuran violaciones a los derechos humanos deben ser objeto de investigación exhaustiva. Un aspecto central es la persecución de los trabajadores y su vinculación con la Responsabilidad empresarial, en tanto que evidencian el particular ensañamiento de las fuerzas represivas con la clase trabajadora, y resulta relevante, a la hora de comprender la articulación entre dirigencias empresariales y la dictadura cívico militar.
Es por ello que señalaron como primera cuestión, que “el Ejército advertía que las operaciones en el ámbito industrial debían ser consideradas como “una de las actividades prioritarias de la LCS (Lucha contra la Subversión)”, tal cual se explicita en los documentos normativos secretos.
La Subsecretaría pidió prisión perpetua para el ex jefe de Personal del área, Pacífico Luis Britos, y 20 años de prisión para Horacio Sánchez, y Carlos Caimi, jefe de las compañías de la Escuela “General Lemos” y el ex comisario de la seccional de Villa Ballester.
Y finalmente, abordaron la responsabilidad penal que se le debería atribuir a cada imputado en función del grado de intervención de los mismos; y las diferentes valoraciones vinculadas con los atenuantes y agravantes, como también la modalidad de ejecución de la pena.