Se trata de un hecho histórico que marca un antes y un después en las políticas de salud mental y protección de derechos para que no se repitan casos como el de María del Carmen Senem.
Con el objetivo de realizar una reparación por daños a la familia de María del Carmen Senem de Buzzi, víctima de violación de derechos humanos, y evitar que se vuelvan a cometer hechos de estas características, se firmó el Acuerdo de Solución Amistosa mediante el cual el Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional en el caso.
Participaron del acto público en la sede del Archivo Nacional de la Memoria de la Ex ESMA, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; el director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos de la Cancillería, Javier Salgado; la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula Litvachky; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud Pública de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, y Carlos Maciel Buzzi, hijo de María del Carmen.
“Pensar políticas de salud mental disociadas de una política de derechos humanos es un error conceptual y creemos que no puede haber una política de protección sin una perspectiva que garantice la promoción y defensa de los derechos humanos”, manifestó Pietragalla tras la firma del acuerdo, y en concordancia con lo que establece la Ley de Salud Mental Nº 26.657.
María del Carmen Senem fue internada contra su voluntad en una clínica psiquiátrica sin ser informada sobre los motivos, los tratamientos y sin contar con asistencia legal. Este caso demuestra la respuesta que recibían las personas usuarias de los servicios de salud mental por parte del Estado antes de la sanción de la Ley en 2010.
En virtud de lo ocurrido, y con la convicción de transformar el modelo de atención en salud mental en todo el país, el Estado se compromete a promover la implementación en las provincias de la Ley Nacional de Salud Mental con perspectiva de género; presentar los planes de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos públicos de la provincia de Buenos Aires, y el desarrollo y adaptación de estándares de habilitación, funcionamiento y supervisión de los servicios de salud mental y consumos problemáticos en territorio bonaerense por parte de la cartera sanitaria; realizar capacitaciones sobre salud mental y derechos humanos para funcionarios del ámbito judicial; generar campañas de concientización y difusión de los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental establecidos en la normativa argentina.
En relación a lo acordado, y a la implementación de las políticas públicas en materia de salud mental por parte del ministerio de Salud, desde el gobierno provincial existe un fuerte compromiso por seguir trabajando para proteger los derechos de las y los bonaerenses y garantizar su integridad física y mental.
El caso de María del Carmen
El 20 de octubre de 1993 María del Carmen Senem de Buzzi se presentó en un juzgado de familia para solicitar un tratamiento para su hijo. En ese momento una jueza nacional ordenó que le realicen una pericia psiquiátrica que duró pocos minutos y dispuso que la internen contra su voluntad, violando la legislación vigente de entonces.
Fue trasladada a una clínica psiquiátrica de la provincia de Buenos Aires sin ser informada sobre los motivos de la internación ni su tratamiento médico. Tampoco recibió asesoramiento por parte de defensores públicos, ni hubo control judicial en el proceso.
Debido a las condiciones precarias del lugar, María del Carmen contrajo distintas enfermedades. Permaneció allí cinco meses y al salir del centro psiquiátrico presentó un recurso judicial para obtener una reparación por los daños padecidos. El mismo tardó casi 14 años y fue rechazado.
María de Carmen falleció en febrero de 2019 tras años de lucha por el reconocimiento de sus derechos. Hoy, su hijo Carlos Maciel Buzzi continúa su legado.
